El alcalde de Santa Cruz de Tenerife destapa una clave económica sorprendente sobre gasto en el carril bici: “Es lo más adecuado”

La Red Ciclable de Santa Cruz de Tenerife, a la que todo el mundo se refiere coloquialmente como el carril bici, ha generado polémica en nuestra capital desde el inicio de las obras. Numerosas han sido las manifestaciones en contra y a favor de empresarios, comerciantes, vecinos, y colectivos de ciclistas en los últimos meses, desde que el Ayuntamiento apostó de forma decidida por el proyecto, bajo el amparo jurídico de la ordenanza de movilidad.

Pero la puesta en marcha de esta medida, tropezó de frente con el recurso judicial planteado por la Asociación El Perenquén Zona Centro, un colectivo que ya en su momento intentó acabar con la celebración del Carnaval en el centro de la ciudad sin éxito, y que está dispuesto a llegar a las más altas instancias judiciales en este asunto. Y lo cierto, es que, hasta el momento, parece salirse con la suya.

el ayuntamiento recula ante el auto judicial

Y es que las últimas horas ha sido noticia el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestima el recurso de reposición presentado por el consistorio y que ratifica la suspensión provisional del proyecto, por la falta de amparo jurídico de la ordenanza de movilidad. Un auto, que ha tenido una consecuencia casi inmediata. Sí, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife finalmente recula y procederá a desmantelar en los próximos días el tramo del carril bici que discurre por la calle El Pilar y Villalba Hervás, tras las quejas de las asociaciones de comerciantes de la zona.

De hecho, la semana pasada, la Federación de Áreas Urbanas (FAUCA) y la asociación Zona Centro Santa Cruz, emitieron un comunicado en el que denunciaban públicamente los perjuicios que la obra , paralizada en este momento cuando estaba a punto de terminarse, iba a causar al comercio de cara al inminente comienzo de la campaña de Navidad, especialmente en esas vías.

bermúdez cree que no hay responsabilidad política

Así las cosas, el alcalde José Manuel Bermúdez, ha explicado hoy en Herrera en COPE Canarias que “es la decisión más adecuada”, ya que lo que mantiene el TSJC es que “ustedes no puede terminar la obra del carril bici, y no pueden abrirlo con lo cual, mantener esta situación así no tiene ningún sentido”. Eso sí, el edil capitalino no cree que haya ninguna responsabilidad política al respecto, “porque en primer lugar no hay una sentencia firme, y en segundo creemos que hemos actuado correctamente”, y apostilla, “seríamos el único Ayuntamiento de España que no pudiera poner un carril bici”.

El principal argumento de defensa que sostiene el Ayuntamiento de Santa Cruz, es que, si bien la ordenanza de movilidad está suspendida, sí sería aplicable la anterior ordenanza de 1985 que estaría vigente, y que sí permitiría la creación de un carril bici. Por ello, Bermúdez cree que “es un disparate, es inexplicable, y por eso entendemos que el carril bici está bien puesto”.

La clave económica: lo invertido se queda

Pero una de las cuestiones que más se plantea la ciudadanía tiene que ver con las consecuencias económicas para las arcas del Ayuntamiento. ¿Este paso atrás va a tener un coste? ¿Qué se va a hacer con la obra que se ha hecho? ¿Hay que devolver el dinero?. En primer edil chicharrero ha sido concluyente en este aspecto: “El gasto que ha supuesto el carril bici, se queda o se reutiliza en su mayor parte”, ya que, “los separadores se reutilizan por parte del Ayuntamiento, el asfaltado que se ha realizado sirve tanto para coches como para bicicletas o patinetes, los cajones de las bicicletas se pueden utilizar para otros usos y la mayor parte de los gastos salvo el pintado y repintado, se quedan”.

“El gasto que ha supuesto el carril bici, se queda o se reutiliza en su mayor parte”

José Manuel Bermúdez

Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Por el momento, la cuestión queda ahora pendiente de la admisión a trámite del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que, de admitirse, podría tardar en resolverse unos 6 meses, según las previsiones que maneja el abogado de la parte demandante, Felipe Campos.