Onalia Bueno estalla por la ley turística: "Quieren exterminar la vivienda vacacional"
La alcaldesa de Mogán denuncia que la nueva norma es una "chapuza" para expulsar a los pequeños propietarios y tilda de "pirómana" a la consejera Jéssica de León
Tenerife - Publicado el
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La reciente aprobación de la ley de ordenación de la vivienda turística en Canarias ha desatado una tormenta política que va más allá del enfado de los propietarios. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ha erigido como una de las voces más críticas contra la nueva normativa, cuyo punto de fricción principal es la consideración de las viviendas vacacionales como actividad clasificada. A su juicio, esta exigencia implicará que la gran mayoría de las viviendas que ya operaban no podrán consolidar su situación, ya que, según afirma, "ninguna cumple con esas exigencias".
El conflicto nace de una aparente incompatibilidad normativa. Bueno ha explicado que el decreto que reguló la vivienda vacacional en 2015 es posterior a la ley de actividades clasificadas de 2011 y su reglamento de 2013. "En esa ley anterior de actividad clasificada no calza con la vivienda vacacional, porque la vivienda vacacional es posterior", ha argumentado. Por ello, ha insistido en la necesidad de adaptar la ley de actividades clasificadas a la realidad de este tipo de alojamientos, pactando unos requisitos claros y específicos, en lugar de aplicar un marco que considera inaplicable y que genera inseguridad jurídica entre los ayuntamientos.
Cruce de acusaciones y responsabilidades
La alcaldesa de Mogán ha acusado directamente al Gobierno de Canarias y a los cabildos de eludir sus responsabilidades durante la última década para ahora cargar el peso sobre los consistorios. "La labor inspectora del Gobierno de Canarias nunca se hizo hacia las viviendas vacacionales cuando eso era su responsabilidad durante los 10 años, del 2015 al 2025", ha sentenciado Bueno. Según ha denunciado, ni el ejecutivo autonómico inspeccionó ni los cabildos filtraron las declaraciones responsables, y ahora pretenden que los 88 municipios canarios asuman "toda la carga administrativa y la responsabilidad, incluso indemnizatoria a futuro".
Bueno ha cargado con especial dureza contra la consejera de Turismo, a quien ha calificado de "pirómana". "Vergüenza le debería dar, porque al final se trata de una pirómana que quiere acabar con la vivienda vacacional en Canarias y demuestra su incapacidad", ha manifestado. La alcaldesa ha criticado que, menos de una semana después de aprobar la ley, la propia consejería haya admitido públicamente la necesidad de modificarla mediante un decreto porque no se aceptaron sus enmiendas, algo que para Bueno demuestra que "esta ley empezó mal y ha acabado mal".
Vergüenza le debería dar, porque al final se trata de una pirómana que quiere acabar con la vivienda vacacional en Canarias"
Alcaldesa de Mogán
El riesgo para los pequeños propietarios
Uno de los aspectos que más preocupan a Onalia Bueno es la recomendación que, según afirma, ha hecho la consejera a los propietarios para que den de baja sus declaraciones responsables y las vuelvan a registrar. La alcaldesa interpreta esta maniobra como un "llamamiento falso" con un objetivo claro: impedir que los alojamientos consoliden su uso. Para ello, se exige un año de inscripción ininterrumpida, un requisito que se perdería con este proceso, dejando a miles de viviendas "fuera" del mercado de forma automática.
Detrás de esta batalla legal y administrativa hay una realidad social que la alcaldesa ha querido subrayar, poniendo el foco en los "miles de propietarios pequeñitos" para los que el alquiler vacacional supone un extra económico fundamental. Ha advertido del impacto que tendría su desaparición en una comunidad con altas tasas de vulnerabilidad: "Si Canarias está teniendo los índices de pobreza que tenemos, seremos más pobres quitando la vivienda vacacional". Por ello, ha reiterado que desde los municipios turísticos se está a favor de "controlar y regular", pero no de "exterminar como pretende este Gobierno de Canarias".
Si Canarias está teniendo los índices de pobreza que tenemos, seremos más pobres quitando la vivienda vacacional"
Alcaldesa de Mogán
Una regulación sin consenso
La postura de la alcaldesa de Mogán no es aislada. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) también ha expresado su "preocupación máxima y rechazo absoluto" a que la ley se haya aprobado sin un marco normativo claro para la actividad clasificada. Por su parte, desde la Consejería de Turismo se ha defendido que esta obligación no es nueva, sino un requisito que está vigente desde 2015, achacando a los ayuntamientos la responsabilidad de no haberlo cumplido.
Bueno ha rebatido este último punto asegurando que los ayuntamientos han tenido "cero competencias en vivienda vacacional" hasta la fecha, ya que estas eran exclusivas del Gobierno y los cabildos. Además, ha denunciado que los registros oficiales de viviendas vacacionales nunca llegaron a los municipios y, además, no están actualizados. Este caos administrativo, sumado a la falta de consenso en la elaboración de la ley, augura un futuro conflictivo. "Van a haber muchísimas consecuencias, y esas consecuencias las vamos a asumir, si esta ley no se corrige, en los juzgados", ha concluido la alcaldesa.
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