La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de 3,4 millones de euros en cinco investigaciones en distintos sectores que se han saldado con seis detenciones.

Las pesquisas, en las que se mantienen como investigadas a otras ocho personas, tres de ellas no localizadas, se han desarrollado en sectores tan diversos como la hostelería, servicios de asesoría y publicidad, construcción, producción agrícola-ganadera y centros de belleza, ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.

Una de las investigaciones comenzó después de que la Tesorería General de la Seguridad Social alertara de las supuestas irregularidades cometidas por los administradores de empresas ubicadas en Oviedo, Gijón y Piloña para eludir el pago de sus seguros sociales y el de sus trabajadores.

Los investigadores constataron que los responsables del fraude había creado sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

Una de las investigaciones se desarrolló alrededor de un entramado empresarial desplegado por todo el territorio nacional con personas interpuestas y que estaba dirigido y administrado por un matrimonio.

Gran parte de estas empresas desarrollaban su actividad en el sector hostelero mediante la gestión de alojamientos turísticos.

El matrimonio, que intentaba eludir un concurso de acreedores y posibles embargos, había recurrido a finales de 2017 a un hombre que se anunciaba en Internet como testaferro profesional y que figuraba como administrador de 77 sociedades pese a no estar de alta a la Seguridad Social, no figurar datos de él en la Agencia Tributaria ni tener cuenta bancaria.

Otra de las empresas creadas por estas personas tenía participación en 19 sociedades distribuidas por todo el territorio nacional y que también eran grandes deudoras.

Los investigadores les atribuye una deuda a la Seguridad Social de 2,36 millones de euros.

Otra investigación giró en torno a varias sociedades patrimoniales creadas por dos hermanos, sin trabajadores de alta en la Seguridad Social, con el fin de evitar la ejecución de deudas con la Seguridad Social a pesar de obtener importantes ingresos.

La principal empresa, del sector hostelero, incumplía sus obligaciones de forma sistemática desde 2014 y no presentaba sus cuentas anuales desde 2015.

Uno de los hermanos, casado con capitulaciones matrimoniales, sólo era titular de una moto pequeña con 15 años de antigüedad y sin bienes ni derechos, pero con mucha actividad notarial actuando como apoderado o representante en compraventa de inmuebles o ampliaciones de capital.

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Esta familia, que en 2017 había vendido un palacio y unas fincas anexas por 2,5 millones de euros, adeudaba a la Seguridad Social más de 261.000 euros.