El parlamento asturiano aprueba sus medidas para abordar el reto demográfico

El pleno de la Junta General del Principado ha dado luz verde este miércoles con los votos de todos los grupos políticos, salvo Vox, al dictamen que recoge las conclusiones de la comisión especial no permanente sobre el reto demográfico, que plantea impulsar deducciones fiscales por nacimiento o adopción y ayudas directas a las familias.

El documento incluye más de 200 propuestas dirigidas al Gobierno del Principado para que las tenga en cuenta en la elaboración de una futura ley que aborde esta problemática y sobre la que el Ejecutivo ha mostrado sus dudas de que pueda ser aprobaba esta legislatura.

El dictamen ha aglutinado el consenso de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que ha presentado un voto particular -rechazado con la única abstención del diputado de Foro Pedro Leal-, al asegurar que el dictamen está "plagado de sectarismo" y no ataca directamente a la raíz del problema, la baja natalidad y un envejecimiento de la población "cada vez mayor", que "no ha hecho más que empeorar" ante la ausencia de medidas, en palabras de Sara Álvarez.

En la sesión plenaria, los partidos que han dado su apoyo al dictamen han puesto de manifiesto la importancia de que Asturias cuente el próximo año con unos presupuestos aprobados que recojan ya algunas de las iniciativas contempladas en el documento.

Más de dos años y medio después de haberse constituido la comisión especial y sustanciarse 52 comparecencias de expertos, el dictamen analiza la caída de la población asturiana, que pronto bajará del millón de habitantes, y fija iniciativas políticas que permitan contrarrestar esta tendencia y evitar el despoblamiento.

Entre las medidas generales planteadas, se encuentra el impulso de una ley de Reto Demográfico "transversal e interinstitucional, con una implicación a la sociedad civil y los agentes sociales".

El documento planifica actuaciones a corto, medio y largo plazo, crear un observatorio de dinamización demográfica, avanzar en el desarrollo del plan demográfico 2017-2027, establecer alianzas con otras regiones europeas con la misma problemática y colaborar en el mantenimiento de infraestructuras en pequeños ayuntamientos.

También propone impulsar la descentralización de organismos hacia la zona rural, potenciar las cabeceras comarcales y las villas, crear planes de desarrollo comarcales, mejorar la conectividad y servicios básicos en los pueblos, incluidos los financieros, favorecer el acceso a viviendas de alquiler a precios asequibles o agilizar las inversiones y mejorar las infraestructuras en el medio rural.

En cuanto a cohesión social, defiende mantener las escuelas rurales abiertas con 4 alumnos, dar atención sanitario en consultorios periféricos y centros de salud o garantizar que todos los niños con derecho a transporte escolar puedan disfrutar de él.

La mejora de la competitividad y modernización del sector primario, el impulso de un banco de explotaciones que favorezca el relevo generacional o el incremento de la cuantía y del tiempo de vigencia del ticket rural para jóvenes agricultores son otras iniciativas.

En cuanto a medidas de empleo y formación, plantea reforzar los centros tecnológicos, desarrollar las estrategias de especialización inteligente, favorecer el teletrabajo o potenciar el Camino de Santiago y un turismo desestacionalizado.

Extender la red de 0-3 años e impulsar las "casas amigas" como lugares de cuidado de menores en zonas rurales son algunas de sus propuestas para mejorar la conciliación y corresponsabilidad.

La socialista Gimena Llamedo ha asegurado que el dictamen será un "instrumento eficaz" que contribuirá a responder a las necesidades de las próximas generaciones y servirá para "garantizar el futuro de la tierra", al tiempo que ha afirmado que ayudará a enriquecer la futura ley en la que el Gobierno está trabajando.

En representación del PP, Pablo González ha lamentado que el Principado haya sido incapaz de abordar el problema demográfico de la comunidad y se "ha empecinado en mantener el rumbo en la mala dirección", con debates "estériles" como la oficialidad del asturiano.

El diputado de Ciudadanos Sergio García, que ha asegurado que existe "mucha teoría" frente a la "tragedia demográfica" y hasta ahora "no se ha encontrado la solución", ha afirmado que es "fundamental" contar con unas cuentas el próximo ejercicio, para lo que ha tendido la mano al presidente Adrián Barbón.

Por parte de Podemos, Nuria Rodríguez ha subrayado que la comunidad vivirá "una reversión" de la caída de la población a cuenta del cambio climático "en no más de cinco años", puesto que las "temperaturas inasumibles" que padecen algunas poblaciones de España harán que "mucha gente esté pensando en Asturias como una zona a la que tenga que venir a vivir".

Desde Foro, su portavoz, Adrián Pumares, también ha reclamado al Ejecutivo regional que presente ante el parlamento antes del 1 de octubre el proyecto de presupuestos, que debe dotar de recursos "algunas de las propuestas del dictamen".

Su homóloga de IU, Ángela Vallina, ha recalcado la importancia de que Asturias disponga de un "gran acuerdo político institucional" que haga frente a los problemas de la comunidad, como también ha ofrecido a Barbón la "mejor disposición" de su partido para negociar las cuentas regionales de 2023.