Dos detenidos por verter amianto en una finca catalogada como BIC en Dos Hermanas

La Policía Nacional ha arrestado a dos personas acusadas de verter residuos de uralita sin medidas de seguridad en la Hacienda Ibarburu, un enclave de Dos Hermanas catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía

Agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu en Dos Hermanas (Sevilla)

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

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La Policía Nacional ha detenido a dos individuos en el marco de la operación Barroco, acusados de verter de forma ilegal grandes cantidades de uralita —material que contiene amianto— en una finca de Dos Hermanas. La parcela afectada corresponde a la Hacienda Ibarburu, situada junto a la carretera N-IV y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2002 por la Junta de Andalucía.

Según ha informado la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, los residuos fueron depositados sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental, lo que supone un grave riesgo para la salud pública y un ataque directo contra un enclave protegido.

Modus operandi

Las investigaciones revelaron que los implicados se presentaban como una empresa especializada en retirada y tratamiento de residuos tóxicos, ofreciendo contratos falsos a los propietarios. En realidad, los materiales eran recogidos en vehículos alquilados que no cumplían con los requisitos de seguridad ni contaban con las certificaciones necesarias.

Posteriormente, los residuos eran arrojados de manera irregular en lugares de difícil acceso, sin tratamiento de descontaminación ni gestión adecuada, lo que multiplicaba el impacto ambiental. 

Imputaciones y delitos

Al primer detenido se le atribuye un delito contra el medio ambiente, mientras que el segundo ha sido imputado también por estafa y contra los derechos de los trabajadores, al quedar demostrado que engañaban a clientes haciéndoles creer que el tratamiento de los residuos se realizaba de forma legal.

La operación se mantiene abierta con el objetivo de esclarecer si existen más puntos afectados en Andalucía y Extremadura y determinar la posible implicación de terceras personas en los vertidos ilegales.

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