La nueva ley judicial sume en el caos a los trabajadores: "Estamos perdiendo la especialización"

La nueva Ley de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, en vigor desde el pasado 1 de enero, ha generado una situación “alarmante” en los juzgados andaluces. Según Diego Díaz, delegado de Justicia en CSIF Andalucía, la norma que debía modernizar la administración ha provocado el efecto contrario, sumiendo a los ya sobrecargados órganos judiciales en el caos. La reforma sustituye los juzgados independientes por tribunales de instancia colegiados, un modelo que, según el sindicato, está lejos de ser eficiente y empeora la atención a la ciudadanía.

Un perjuicio directo a la ciudadanía

Para el ciudadano, las consecuencias del nuevo modelo ya se están notando. “Le va a perjudicar y le va a dar una atención peor”, advierte Díaz, quien señala las “muchas incidencias” que se han registrado en el primer mes de funcionamiento. Según el sindicato, en lugar de agilizar los trámites, la nueva estructura ha supuesto un deterioro del servicio público.

La situación es especialmente crítica en jurisdicciones sensibles como la de Violencia sobre la Mujer. Estos juzgados han experimentado un aumento de la carga de trabajo de entre un 30 y un 35 por ciento tras asumir competencias en delitos sexuales y de trata. CSIF denuncia que la solución del Ministerio ha sido crear plazas de jueces sin dotarlas del personal de apoyo necesario, una medida que ahora permite la ley.

El sindicato también critica la comarcalización de los juzgados de violencia, que concentra en un solo órgano los casos de varios municipios. El caso de Córdoba es calificado por Díaz como un “sinsentido total”, ya que obliga a víctimas de Pozoblanco, Lucena o Cabra a desplazarse más de 75 kilómetros. Esta situación provoca “un perjuicio directo a las víctimas con desplazamiento y esperas interminables” y somete a los trabajadores a jornadas maratonianas, hasta el punto de tener que “comerse el bocadillo a la misma vez que están dictando la resolución”. Para Díaz, “eso no es eficiente ni es humano”.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer están experimentando un aumento de la carga de trabajo del 35%"

Diego Díaz

Delegado e CSIF Justicia en Andalucía

Una ley "impuesta y sin medios"

Diego Díaz subraya que CSIF nunca ha apoyado esta ley, cuyo modelo organizativo fue impuesto sin diálogo. “El ministerio nos ha trasladado, durante los años en que ha durado la tramitación, que las leyes no se negociaban”, afirma. Lo único que pudo negociar el sindicato fue un acuerdo para garantizar las condiciones laborales de los funcionarios, que frenó medidas como traslados forzosos entre municipios o amortización de plazas.

Otro de los grandes problemas es la pérdida de especialización de los funcionarios. Trabajadores con hasta 40 años de trayectoria en jurisdicciones como la civil o la laboral han sido reordenados a áreas como la ejecución penal “sin que haya existido una formación”. Díaz lamenta que, un mes después de la implantación, “no hay nadie que haya preparado cursos de formación para esas personas”.

Al caos organizativo se suma el tecnológico. El sindicato denuncia el colapso recurrente del sistema informático Adriano, la plataforma que centraliza los procedimientos judiciales en Andalucía. No se trata de fallos puntuales, sino de una “deficiencia estructural” que paraliza el trabajo. “El sistema Adriano se está convirtiendo en un obstáculo recurrente para el trabajo en los órganos judiciales”, sostiene Díaz, explicando que sus caídas impiden presentar escritos, tramitar expedientes o firmar resoluciones.

Trabajadores con 40 años de trayectoria en una especialización ha sido reordenados en otras áreas"

Diego Díaz

Delegado de CSIF Justicia en Andalucía

Andalucía, ante un estreno fallido

La fase 3 de la implantación, que afecta a las ocho capitales de provincia andaluzas y a grandes partidos judiciales como Algeciras o Jerez de la Frontera, es la que presenta una mayor complejidad. En Sevilla, el traslado a la nueva Ciudad de la Justicia de Palmas Altas se está realizando “con mucha deficiencia y sin medios”, con órganos judiciales todavía dispersos por la ciudad, lo que contradice el principio de una oficina única.

Esta fragmentación de sedes se repite en otros partidos judiciales como Marbella o Torremolinos, con hasta cinco edificios diferentes, generando un caos logístico. Por volumen y complejidad, las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz son las que afrontan mayores problemas, agravados por la singularidad del Campo de Gibraltar y la lucha contra el narcotráfico.

Pese a este escenario, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía desoyó la petición de los sindicatos y otros operadores jurídicos de aplicar una prórroga de seis meses para garantizar la correcta implantación de la ley, una posibilidad que la propia norma contemplaba. “La consejería se negó a ello, dijo que estaba todo listo y preparado, cosa que no es cierto, como estamos viendo en este mes”, concluye el delegado de CSIF.

La Ley de Eficiencia Organizativa del servicio público de justicia, en vigor desde el pasado 1 de enero, prometía ser el mayor cambio en la organización de la justicia en décadas. Sin embargo, a un mes de su implantación, está generando problemas alarmantes en los ya colapsados juzgados andaluces. Así lo denuncia Diego Díaz, delegado de Justicia en CSIF Andalucía, quien asegura que el nuevo modelo amenaza con ofrecer una atención "peor" al ciudadano y está llevando al límite a los trabajadores.