La paralización de la actividad económica y empresarial por la crisis del COVID-19 tras la declaración del estado de alarma ha llevado al cierre de más de 3.700 empresas en la provincia de Jaén, según la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social elaborada por el Ministerio de Trabajo. De las 22.032 empresas jienenses registradas en febrero de 2020, se ha pasado a las 18.291 contabilizadas en marzo, lo que supone, en términos porcentuales, la desaparición del 17 % del tejido empresarial de la provincia que no había anotado un número de empresas tan bajo en los últimos cinco años, desde julio 2015, según informa en un comunicado la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ).

Sectores más afectados

El mayor porcentaje de empresas destruidas se encuentra en el sector de la construcción con un 31 %, pasando de 1.342 empresas inscritas en febrero a 914 en marzo. Le sigue el sector agrario con un 28,7 % menos de empresas, el sector servicios con 9,4 % menos de empresas y la industria con una pérdida de 5,4 % de empresas.

La destrucción de tejido productivo es, en opinión de la CEJ, una consecuencia lógica a la paralización de la actividad empresarial, lo que ha supuesto para muchas compañías jienenses la imposibilidad de mantenerse a flote y conservar el empleo en un escenario de nulos ingresos. En la misma línea, la inmensa carga legislativa promulgada en las últimas semanas y la complejidad y la tardanza en la gestión de las ayudas dispuestas, las han dejado sin eficacia real para la mayoría de empresas que se han visto abocadas al cierre.

Una dura realidad

Para el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres, "los datos constatan la dura realidad a la que se están enfrentando ya nuestras empresas, y serán muchas más las que desaparezcan si no se actúa sobre aspectos esenciales que pueden suponer la supervivencia de nuestro tejido productivo".

En sentido, Torres considera imprescindible extender las obligaciones de pago desde el punto de vista fiscal, garantizar la liquidez y flexibilización laboral en relación con el periodo de vigencia de los ERTES.