Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Lawfare

El presidente Sánchez ha revalidado la investidura con el apoyo decisivo de Junts. A cambio ha presentado la ley de amnistía y el pago aplazado del “supermercado entero” (Miriam Nogueras, dixit). En la proposición de ley de amnistía subyace el término “lawfare”. Este anglicismo que se traduce como “guerra legal” o judicialización de la política, lo invocan los separatistas catalanes para destacar la persecución judicial 2013-2023. Al victimismo independentista de “España nos roba”, ahora se añade la reivindicación de la instrumentalización de la justicia por los tribunales. De ahí las comisiones de investigación abiertas —como “Pegasus”—, que suponen una politización de la justicia. Sin embargo, en el juicio justo del “procés” contra el golpe de Estado del 1-O de 2017 en Cataluña, en 2019 el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que condenó a representantes políticos independentistas como responsables de delitos de sedición, malversación y desobediencia, y les absolvió del delito de rebelión.

Con la ley de amnistía de 13 de noviembre de 2023, el Parlamento ataca la independencia del Poder Judicial y la división de poderes. Si además se tramita con carácter de urgencia y elude los informes de los órganos consultivos, ha motivado la carta del exministro socialista Cosculluela que denuncia: “Me causáis vergüenza”. Al registrar en el Congreso esta ley de amnistía el partido socialista actúa contra “los actos propios” de componentes del Gobierno, empezando por Sánchez, Marlaska, Montero, Calvo, Illa e Iceta…, que insistían con vehemencia de la inconstitucionalidad de esa ley. Ahora, lo único que ha cambiado es que tras las elecciones del 23-J la ley de amnistía es el pago principal para que los partidos independentistas faciliten sus votos en la investidura. El Gobierno justifica la legalidad porque ha sido capaz de lograr una mayoría parlamentaria. Pero la oposición esgrime que cuestiona su legitimidad por vulnerar la separación de poderes, concentrando el único poder en el ejecutivo-legislativo, que desautoriza el contrapeso del poder judicial. A esa peligrosa situación se le denomina antidemocrática. En la exposición de motivos de la ley de amnistía se precipitan a calificarla de constitucional, lo que siguiendo el aforismo jurídico “excusatio non petita, acusatio manifesta” termina en entredicho.

De lo que podemos estar seguros es que la historia no amnistiará a Sánchez, causante del mayor asalto al Estado de derecho. Este panorama lleva a cuestionarse la legalidad de partidos cuyo ideario vulneran la Constitución. El registro telemático del comisario de Justicia de la UE, Reynders, está colapsado de la avalancha de denuncias y recursos. Esta ley de amnistía en modo alguno obedece al “contexto del interés general o a razones de utilidad social”, como se pretende justificar, sino al interés personal del autócrata. Tampoco conseguirá, todo lo contrario, “la convivencia democrática”, porque ha aumentado el escenario de “tensión política social e institucional”; ha dividido aún más a los españoles que se han levantado pacífica y democráticamente, hasta lograr de forma inaudita la protesta de todas las asociaciones de jueces y fiscales. Ha conseguido que hasta la presidenta madrileña Ayuso “le gusta la fruta”.

Algunos medios de comunicación apuntan que Conde-Pumpido —que de cándido sólo tiene el nombre—, ha revisado previamente esta ley que validará; en cualquier caso, habrá que estar a la presunción de inocencia. Si el partido lo arbitra el Negreira del Constitucional, no hay sala VAR que valga, porque de antemano se conoce el resultado. Pero, como en Casablanca, siempre nos quedará París —en este caso Luxemburgo—, sede del TJUE. Pese a que la ley de amnistía se extralimita y niega los efectos suspensivos de las medidas cautelares y los posibles recursos, todos los jueces españoles son competentes, en virtud del artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión, para formular una cuestión prejudicial o, si entienden que contraviene el derecho europeo, para no aplicarla. Con la ley de amnistía el Gobierno socialista deja herido de muerte al poder judicial, para conformar un nuevo régimen. Éste ha comenzado al ordenar la presidenta del Congreso, Francina Armengol, retirar del Diario de Sesiones de la Cámara las críticas parlamentarias contra el Gobierno, al acusarle de dar un golpe de Estado mediante la ley de amnistía. Como en los regímenes totalitarios se impide la alternancia política, porque existían otras posibilidades menos lesivas de gobierno. Ahora la oposición pasará a formar parte de la resistencia democrática.