Jaén - Publicado el - Actualizado
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La doctrina de la separación de poderes se remonta a la democracia ateniense, en donde ya Aristóteles en su libro “La Política” (s. IV a.C.), dividía la soberanía en “el que delibera, el que manda y el que juzga”. Aunque la Ilustración se fijará más en la República Romana de Cicerón que en la Atenas de Pericles, el filósofo francés Charles Louis de Secondat acuñó en “El espíritu de las leyes” (1748) que: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.
Uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos (1787), James Madison, sería más explícito: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”. De la democracia más antigua de la modernidad surge el concepto de “checks and balances”; es decir, controles y equilibrios y el sistema de contrapoderes. La realidad nos muestra que el poder ejecutivo tiende a fagocitar al poder legislativo. Por eso, el poder judicial tiene que servir de contrapeso ante las desviaciones de poder. Los veinte vocales del CGPJ —quienes a su vez eligen a magistrados clave de la judicatura— son nombrados por la “soberanía popular”, según las cuotas de representación política. Acaba de ser rechazada la Proposición de Ley de Cs, con el apoyo del PP y Vox, de que, entre todos los vocales, doce fueran designados por los mismos jueces; sistema acorde con el sentir de los padres constituyentes, antes de que Alfonso Guerra proclamara la defunción del señor de la Brède, con la reforma de la LOPJ de 1985.0
Como “la justicia emana del pueblo” (poder político), se produce un mercadeo en el reparto de jueces entre los principales partidos. Es elocuente el famoso “WhastsApp” de hace dos años del senador popular Ignacio Cosidó a miembros de su partido: “Controlamos la Sala Segunda (estratégica en los juicios penales) desde detrás”, en alusión a la elección de Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo; gesto obsceno que provocó la renuncia del nominado. Una de las mayores corrupciones consiste en que el Ejecutivo siga metiendo sus zarpas en la Justicia, lo que imposibilita la independencia judicial. Cuando el presidente Sánchez le contesta de forma displicente con una pregunta a un periodista de RNE: “¿La Fiscalía que quién depende?”. Y el entrevistador responde: “del Gobierno”. “Pues ya está”, concluye. Por eso, la designación de la Fiscal General del Estado, que fue ministra de Justicia en el anterior Gabinete, Dolores Delgado, no deja de presentar visos de incompatibilidad; como lo fue el de Eligio Hernández (“El Pollo del Pinar”), en la etapa felipista (1992-1994). ¿Cómo va a defender la legalidad y la independencia de los Tribunales quien actúa como abogada del Gobierno? La íntima de Garzón —ahora abogado de los testaferros de Maduro— no ha superado la prueba de la imparcialidad; tampoco en 2009, en la cacería “gürteleña” de la finca jiennense de “Cabeza Prieta” (Torres), con el entonces titular de la Audiencia Nacional y el ministro de justicia, Bermejo (una imagen vale más que mil palabras).
De ahí que nadie se extrañe del esbirro y teniente fiscal, Luis Navajas, cuyo interés público y social le lleva a pedir al Supremo el archivo de las 20 querellas contra el Gobierno por el Covid-19, sin investigación alguna. Este fiscal, a punto de jubilarse, realiza una caza de brujas contra los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que pidieron la condena por rebelión en el juicio del 1-O, acusándoles de que “eran esclavos de su ideología y estaban contaminados ideológicamente”, para impedir celebrar una Junta de Fiscales. Casualmente, en el momento en que el ministro de Justicia Juan Carlos Campo —compañero sentimental de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet— anuncia la tramitación de los indultos a los golpistas y la reforma del delito de sedición; es el precio para apoyar los Presupuestos por Junqueras, Puigdemont y Otegui con la política penitenciaria favorable a los bilduetarras. Como la justicia se administra en nombre del Rey (art. 117 de la CE), se veta a Felipe VI acudir a la entrega de los despachos de los nuevos jueces en Barcelona. El ataque letal del Frente social-comunista a Montesquieu nos convierte en “Españazuela”.