Detenidas dos personas en Huelva por vender contratos falsos a extranjeros para regularizar su situación en España
La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana y ha sacado a la luz un abuso hacia personas en situación de vulnerabilidad.
Policía Nacional Huelva
Huelva - Publicado el
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La Policía Nacional ha detenido en Huelva a dos personas, entre ellas un empresario del sector agrícola, acusadas de delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, por presuntamente vender contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros con el fin de que pudieran regularizar su situación administrativa en España.
La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano que, de forma desinteresada, aportó documentación facilitada por las propias víctimas. Estas personas, según la Policía, no se atrevían a denunciar por miedo a las amenazas y coacciones de los presuntos responsables, así como por su situación irregular en el país.
Tras analizar la información recibida, los agentes constataron indicios suficientes de que se estaban cometiendo los delitos mencionados. A partir de ese momento, se pusieron en marcha las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a las posibles víctimas y ofrecerles la protección correspondiente.
Durante la investigación, la Policía logró localizar a varias víctimas que colaboraron con los agentes. Algunas de ellas afirmaron haber pagado hasta 6.000 euros al empresario a cambio de un contrato de trabajo. Además, denunciaron que este les descontaba de sus nóminas los importes correspondientes a los seguros sociales.
Las víctimas también aportaron grabaciones y documentos videográficos donde se observa al empresario exigiendo dinero y discutiendo con sus empleados por desacuerdos económicos. Según la Policía, estos materiales reflejan las precarias condiciones laborales y el temor constante de los trabajadores, cuya regularización dependía de mantener su empleo durante al menos un año.
La investigación se ha visto especialmente dificultada por la situación administrativa irregular de las víctimas, que temían que su colaboración pudiera paralizar sus expedientes de regularización o incluso derivar en sanciones o expulsiones.
La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar la posible participación de otras personas y garantizar la protección de las víctimas.