El equipo jurídico de Juana Rivas acusa a Arcuri de cumplir su amenaza: “Te quitaré a los niños y te haré la vida imposible”

El despacho jurídico de Carlos Aránguez, que representa a Rivas, sostiene que el juicio pone de manifiesto una “gravísima anomalía jurídica y social”: que el progenitor investigado por malos tratos sea quien ostente la custodia de los menores. Esta situación se consolidó el pasado mes de julio, cuando el hijo pequeño de la pareja, Daniel, de 11 años, tuvo que volver a Italia con su padre en cumplimiento de una orden judicial, después de haber permanecido en Granada junto a su madre durante más de seis meses. 

“Lo que está en juego no es un simple conflicto por la custodia ni el relato de una madre manipuladora frente a un padre ejemplar”, remarcan los abogados. “Es un gravísimo caso de violencia de género, en su forma más cruel: la violencia vicaria ejercida a través de los hijos”.

 La sombra de una amenaza  

 El equipo legal recuerda que Arcuri, tras la ruptura con Rivas, habría lanzado una advertencia que hoy consideran cumplida: “Te quitaré a los niños y te haré la vida imposible”. En ese marco sitúan la denuncia por sustracción de menores que el italiano presentó en marzo en España, un procedimiento que derivó en la intervención de la Audiencia de Granada y que mantiene a Juana Rivas investigada. La madre deberá declarar el próximo 30 de octubre, en una causa que, según su defensa, podría marcar un giro en la larga batalla judicial.  

Los abogados destacan que, en el proceso de ejecución de la sentencia de custodia, no se tuvo en cuenta la voluntad expresa del menor, que se había manifestado repetidamente en contra de volver con su padre a Italia. El niño fue escuchado por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que en enero dictó una medida cautelar para que permaneciera en España con su madre tras las vacaciones navideñas. 

Sin embargo, esa resolución no llegó a tiempo al procedimiento civil que finalmente obligó a la entrega. “De haberse tenido en cuenta, la decisión podría haber sido diferente. Nos encontramos ante una vulneración clara de la normativa internacional y de la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que exige escuchar al menor en estos casos”, sostienen.

 Choque entre jurisdicciones  

La defensa de Rivas insiste en que el problema de fondo radica en la desconexión entre la jurisdicción civil y la penal. Mientras la vía civil en Granada y la Corte de Apelación de Cagliari priorizaron la ejecución de la custodia, el ámbito penal —según remarcan los abogados— debería haberse impuesto, al tratarse de un asunto con denuncias de violencia de género. 

“El auto del Juzgado de Instrucción 4 de Granada es claro: la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil. Sin embargo, se ha optado por seguir un camino que ha ignorado principios básicos del Estado de Derecho”, critican desde el despacho de Aránguez.

 La polémica del SAP  

Uno de los puntos más controvertidos es el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) como argumento central de la defensa de Arcuri. La representación legal de Rivas recuerda que este concepto carece de validez científica y jurídica, y que ha sido rechazado por organismos internacionales. “Apelar al SAP ha sido una estrategia recurrente para deslegitimar a las madres que denuncian violencia y justificar decisiones de custodia contrarias al interés superior del menor”, subrayan.  

Con el inicio del juicio en Italia, el equipo jurídico de Rivas confía en que se abra una nueva etapa. “Esperamos que este proceso corrija la ilegal desconexión entre las jurisdicciones civil y penal en Cagliari y que se respete el principio de prejudicialidad penal, que debe prevalecer cuando hay indicios de violencia”, concluyen. 

El caso Juana Rivas, que desde hace años ha trascendido las fronteras judiciales para convertirse en un símbolo del debate sobre la violencia vicaria y la protección de los menores, vuelve así a situarse en el centro de la atención mediática y jurídica, esta vez con Italia como escenario decisivo.