La alcaldesa en funciones de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE) ha pedido auxilio judicial ante el "linchamiento" mediático que dice sufrir y ha solicitado declarar ya por su posible vinculación con el secuestro de la que edil Vanessa Romero, hechos por los que fue detenido su exnovio.

Linares ha emitido un comunicado ante la publicación de información y vídeos que la sitúan junto al que era su novio y único detenido por el secuestro de Vanessa Romero, el mismo día de los hechos, pese a que la regidora aseguró entonces que no había tenido contacto con su pareja, que permanece en prisión provisional por los hechos.

La alcaldesa en funciones ha pedido auxilio a la justicia ante lo que ha considerado un "linchamiento mediático" que estaría afectándole a ella y a su familia.

"Ruego que se me llame a declarar lo antes posible, y que se exponga que fui yo la que dije a la Guardia Civil desde el primer momento cuándo lo vi y dónde, además de que la propia benemérita me pidió que contactase con él, y que fue eso lo que llevó al dispositivo a detenerlo en Maracena", ha aclarado Linares.

La socialista ha asegurado que tanto su abogado como la Guardia Civil que ha investigado desde el principio el secuestro le aconsejaron que no se pronunciase sobre lo que pasó aquel día.

"Me reservé todo lo que ocurrió, limitándome a contestar públicamente preguntas sobre hechos anteriores", ha asegurado la socialista, quien ha añadido que tanto en sus comparecencias como en el pleno extraordinario celebrado tras el secuestro dijo que no podía hablar de aquel día.

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La alcaldesa en funciones ha considerado injusto que se le acuse por seguir los consejos de la Guardia Civil y negar el encuentro con el que era su pareja captado por las cámaras, imágenes que han facilitado un "ensañamiento" que impacta en su vida personal y política.

"Por eso pido auxilio a la justicia, para que acelere la resolución de esta pesadilla que tanto nos está afectando, y se examinen de forma objetiva los hechos, que a día de hoy las diversas actuaciones en la instrucción están desmontando las declaraciones de mi expareja, revelando que son falsas todas esas acusaciones", ha resumido.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió una causa especial relativa a la posible participación como inductores del secuestro del diputado autonómico Noel López, hasta la pasada semana número 3 del PSOE-A, y de Berta Linares.

Es una causa independiente a la investigación del secuestro que dirige el Juzgado de Instrucción 5 de Granada que, también en una línea diferenciada, mantiene abiertas unas diligencias previas centradas en un presunto caso contra la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena.

Linares ya anunció la pasada semana que había pedido de manera formal poder declarar para defender su inocencia.

El socialista Noel López, que dejó la semana pasada sus funciones como secretario de Organización del PSOE de Andalucía tras las investigaciones que apuntan a su posible vinculación con el secuestro de la concejal de Maracena (Granada) Vanessa Romero, ha negado haber sufrido chantaje con un vídeo durante su etapa como alcalde de este municipio para que diera luz verde a un expediente urbanístico y ha advertido de que "esa acusación totalmente falsa e interesada" por parte de la víctima "tendrá como consecuencia una querella por calumnias y denuncia falsa en cuanto lo permita el proceso judicial".

López ha trasladado su "absoluta indignación ante las informaciones vertidas por algunos medios por falsedad" y ha censurado que "se esté utilizando una acusación de la víctima del secuestro como si partiera de la instrucción de la Guardia Civil, algo manifiestamente falso", ha dicho en un comunicado remitido desde el PSOE de Maracena.

López ha manifestado que esa acusación hacia su persona, "totalmente falsa e interesada por parte de la víctima, tendrá como consecuencia una querella por calumnias y denuncia falsa en cuanto lo permita el proceso judicial, al igual que a cualquier medio que difunda esa información". Una acción procesal que podría extenderse hasta el propio secuestrador a tenor de las declaraciones que ha realizado y pueda realizar a lo largo de la instrucción, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

Noel López ha hecho referencia al "daño que se le está ocasionando, a él y a su familia", y se ha preguntado "qué chantaje dura una década". Hasta la fecha, asegura, todas las pruebas realizadas sobre las acusaciones, tanto del secuestrador como de la víctima, "se están demostrando falsas o carentes de fundamento, desmontándose con facilidad, sin embargo, el juicio en los medios sigue y sigue, obviando lo evidente", ha lamentado.

"Estoy deseando declarar lo más rápido posible para que se esclarezca realmente esta situación, que está provocando un linchamiento mediático increíble hacia mi persona", según ha manifestado, después de que su defensa haya trasladado formalmente esta petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

CAUSA ESPECIAL

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió hace unos días una causa especial sobre el presunto caso de secuestro el pasado 21 de febrero de la que fuera concejal socialista de Maracena (Granada), Vanessa Romero, tras recibir la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada al encontrarse entre los posibles investigados el diputado autonómico y aforado Noel López.

Las diligencias y el auto con la exposición razonada fueron recibidos en la Sala del TSJA el pasado viernes, 26 de mayo, y fue el miércoles 31 de mayo cuando dio traslado a la Fiscalía Superior de Andalucía para que presente el correspondiente informe sobre la incoación o no de diligencias, según detallaron a Europa Press fuentes del alto tribunal andaluz.

En el auto emitido por la Sala de lo Penal se designa un magistrado ponente encargado de la causa especial y se ordena la remisión de un oficio al Parlamento de Andalucía para que acredite la condición de aforado de López.

La exposición razonada del Juzgado de Instrucción también se dirige contra otros dos responsables políticos del Ayuntamiento, la alcaldesa, Berta Linares (PSOE), y el concejal de Urbanismo en el momento del secuestro, que, sin embargo, no son personas aforadas. El juzgado de Instrucción remitió la causa al TSJA ante la existencia de posibles "indicios" de la vinculación en los hechos de Noel López. El presunto autor del secuestro, que en el momento de los hechos era pareja sentimental de la regidora, permanece en prisión provisional.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado el derecho a la defensa ante un procedimiento judicial y ha abogado este martes por que la justicia actúe con "diligencia y rapidez" para tomar declaraciones y esclarecer el caso del secuestro de una concejal de Maracena (Granada) el pasado mes de febrero, al tiempo que ha garantizado que, en función del desarrollo de la investigación, el partido "tomará las decisiones que tenga que tomar" en relación a la alcaldesa en funciones del municipio, Berta Linares, y a su antecesor al frente de dicho ayuntamiento, Noel López, que la semana pasada renunció temporalmente a sus funciones como secretario de Organización del PSOE-A al hilo de esa investigación.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Espadas se ha pronunciado así sobre la investigación ya abierta contra el presunto secuestrador de la concejal Vanessa Romero --que permanece en prisión provisional-- y también sobre la causa especial abierta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a la posible participación en este asunto de Noel López; de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y del concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva.

El secretario general del PSOE-A ha sostenido que este tema "está tomando como mínimo tintes bastante sucios y escandalosos", y ha reconocido que a los socialistas les "preocupa", porque hay personas como la alcaldesa o el secretario de Organización de la federación socialista andaluza que "están apareciendo en este tipo de informaciones como consecuencia de acusaciones del acusado del secuestro".

Al respecto, Espadas ha subrayado que tanto Noel López como la regidora de Maracena están pidiendo "poder ir a declarar, poder defenderse, poder decir qué piensan sobre las acusaciones que les están trasladando", algo que "en democracia es básico", según ha advertido el líder del PSOE-A antes de apostillar que "no podemos asistir a una ceremonia como la que hoy aparece en algún medio de comunicación, en la que se trasladan elementos del sumario que forman parte de lo que alguien dice que ha ocurrido sin que al que se le están imputando unos hechos tenga mínimamente la capacidad de defenderse".

En esa línea, ha valorado que Noel López le ha trasladado que ha pedido al TSJA, "que es quien puede en este caso tomarle la declaración" dada su condición de aforado como parlamentario andaluz, "declarar cuanto antes, y poder decir sencillamente que es inocente de lo que se le está acusando, y poder explicar sus argumentos".

Tras incidir en que esta situación le "genera preocupación, porque sin duda la imagen de estas personas se resiente y, por tanto, la de la organización a la que pertenecen", Espadas ha abogado por que la justicia actúe "con diligencia y rapidez, protegiendo también las garantías de aquellos que tienen el derecho a defenderse y la presunción de inocencia que recoge nuestro ordenamiento jurídico", ha abundado.

EL PSOE "TOMARÁ LA DECISIÓN QUE TENGA QUE TOMAR"

"A partir de ahí, no tengan la menor duda que el Partido Socialista tomará la decisión que tenga que tomar, que siempre" pasará, según ha continuado el líder del PSOE-A, por "la cautela y la protección de la organización, de la imagen y del trabajo que desarrollamos" los socialistas, según ha añadido Espadas antes de insistir en subrayar que los citados representantes del partido "tienen derecho a defenderse de lo que entienden que son acusaciones falsas".

Espadas ha rehusado "entrar a juzgar y a valorar" lo que hayan podido hacer la alcaldesa de Maracena o su antecesor como regidor, Noel López, porque él no es "juez de nadie" y entiende "que tenemos una justicia para algo", que se encargará de la investigación correspondiente, en la que "hay unas personas a las que se les puede acusar de algo, pero tienen el derecho a defenderse y tienen unos abogados defensores", según ha razonado el dirigente socialista, quien ha aseverado que él no va a estar "en un medio de comunicación haciendo análisis o especulaciones de lo que he leído en la prensa".

"No lo voy a hacer porque creo profundamente en la justicia y en el Estado de Derecho", ha enfatizado Espadas, que ha insistido en pedir "un mínimo de cautela" en este caso, y que se aclare "cuanto antes", de forma que también "cuanto antes" se tome "declaración a estas personas", de modo que "de alguna forma los tribunales hablen".

Cuando eso suceda, "nosotros evidentemente acataremos lo que digan, sin ningún lugar a duda", ha aseverado el líder de los socialistas andaluces, que ha defendido que, "ante unas informaciones o unas acusaciones de una parte del proceso", el juez encargado de la investigación "tiene que llamar al que están acusando" y preguntarle si tiene "algo que decir en ejercicio de su derecho a la defensa".

"Esto es fundamental en democracia, y en un Estado de derecho, si eso no lo respetamos, estamos condenando a alguien presuntamente antes de que tenga ni siquiera la posibilidad de decir algo a su favor", ha abundado Juan Espadas, que por ello ha llamado a intentar "respetar los tiempos de los jueces".

El secretario general del PSOE-A ha recordado que su partido tiene un código ético que "dice que una persona que sea llamada a un proceso, a un juicio oral, tiene que dejar cualquier responsabilidad pública que tuviera", pero ha subrayado que "no sólo no hemos llegado a esa situación" por ahora en este caso, sino que "es que ni siquiera a las personas en cuestión se les ha llamado a declarar".

En esa línea, Espadas ha lamentado que "en este caso hay ahora mismo una absoluta indefensión por parte de la alcaldesa de Maracena para poder defender su derecho a la presunción de inocencia", y los partidos "deben ser consecuentes con esta situación en la que se encuentra la investigación", según ha remachado para concluir.