La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un plan de choque para relanzar e incentivar la actividad en los centros de día de personas mayores y con discapacidad y de los centros ocupacionales, que cuentan con más de 14.000 usuarios en toda Andalucía.

El primer paso, según ha subrayado la consejera en declaraciones a los periodistas, ha sido "la reducción del copago que aportan los usuarios hasta el 25 por ciento, frente al 40 por ciento que se aplicaba desde 2002", así como la priorización de las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día.

Ruiz, que ha estado acompañada por el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta, Marcial Gómez, y el delegado de Igualdad de la Junta en Córdoba, Antonio López, ha visitado los talleres ocupacionales y la residencia para personas mayores que gestiona la Fundación Promi en Cabra (Córdoba), donde ha subrayado que estas instalaciones "son recursos vitales para prevenir situaciones más graves en la dependencia, y responden a nuestro modelo de atención de proximidad y cercanía".

Se trata, según ha asegurado, de "un modelo con el que estamos comprometidos y que ha sido reconocido y valorado de forma muy satisfactoria por el Observatorio de la Dependencia, ya que somos la segunda comunidad autónoma mejor valorada en la gestión del sistema de la dependencia, con un 7,1", siendo "la mejor nota de los últimos cinco años y la segunda valoración más alta de España, solo detrás de Castilla y León".

De hecho, Ruiz ha puesto el acento en que los centros andaluces son "instalaciones seguras frente al Covid-19, al tener garantizada la vacunación, tanto las personas usuarias, como los profesionales", al tiempo que se han actualizado sus medidas sanitarias y preventivas de salud pública para minimizar la transmisión de la infección.

Respecto a las medidas para impulsar la actividad en los centros y recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia, Ruiz ha destacado la importante reducción aplicada por el Gobierno andaluz en el copago, la aportación económica de las personas usuarias de los centros de día de personas mayores, "y que no se había modificado desde 2002".

Así, según ha insistido, dicha aportación ha pasado del 40 o 30 por ciento, según si se utiliza o no el transporte, a ser del 25 por ciento para plazas con y sin transporte, lo que supone un ahorro medio de 980 euros al año para las personas usuarias de este servicio.

En el caso de imposibilidad de incorporación presencial de la persona beneficiaria, en situaciones acreditadas por la autoridad sanitaria competente, se procederá a la reserva de plaza. En este caso, los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento domiciliario, o de carácter telemático adaptadas a cada situación concreta, con el objetivo de verificar que la personas queda debidamente atendida en todas sus necesidades.

Además y en el marco del Programa Individual de Atención, se priorizan aquellas propuestas orientadas a la modalidad de centro de día, así como la tramitación del expediente de aquellas personas que, siendo atendidas a través de este servicio, se encuentran a la espera de su resolución en el ámbito de la dependencia.

Por otra parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha ampliado hasta el próximo 31 de mayo las medidas económicas para estos centros, lo que que garantiza la financiación de las plazas concertadas y ocupadas por personas beneficiarias en situación de dependencia. Una medida, según ha dicho la consejera, "que permite de paso sostener el sector y garantizar el empleo".

En este sentido, Ruiz ha señalado que cuando los titulares de esas plazas no acudan de manera presencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, abonará por esas plazas ocupadas la diferencia resultante entre el coste de cada plaza establecido y las cantidades que deberían abonar los titulares. En consecuencia, mientras la persona reciba el servicio de manera no presencial, se le aplicará una reducción del 60 por ciento en la aportación correspondiente al servicio.

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MEDIDAS DE APOYO AL SAD

El plan de reactivación contempla también que, en los casos de reconfiguración de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) por razones sanitarias, se hará de forma personalizada y adaptada a cada situación concreta y proporcionando aquellas tareas que no estando previstas inicialmente se hayan prestado, como la realización de compras de alimentación o medicinas, elaboración comida o promoción del contacto telemático con familiares confinados.

En todo caso, las posibles reconfiguraciones deberán garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas usuarias grandes dependientes (G III) y dependientes severas (G II) que tengan nulo o escaso apoyo familiar.

Durante este periodo, la Agencia de Servicios Sociales abonará el importe financiado de la relación de personas afectadas por esta situación, según la intensidad máxima prevista en su Programa Individual de Atención; unos abonos que quedan vinculados al compromiso de la entidad prestadora de mantener el empleo.

167 MILLONES EN CÓRDOBA

La consejera ha recordado que su departamento ha sumado 465 nuevas plazas de atención residencial desde que comenzó la legislatura, de las que 60 se han creado en la provincia de Córdoba, y ha querido resaltar también el compromiso de su departamento con el mantenimiento del empleo y la continuidad de las entidades prestadoras de los servicios, al abonar durante el último año en Andalucía más de 1.257 millones de euros para la financiación de los servicios y prestaciones en materia de dependencia desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

En el caso de la provincia de Córdoba, según ha precisado Rocío Ruiz, se han abonado más de 167 millones de euros, que han permitido atender a 24.491 personas beneficiarias, "una cifra récord", según ha resaltado la consejera.

Rocío Ruiz ha defendido que "Andalucía se han blindado las políticas sociales y se ha aprobado para el ejercicio 2021 el mayor presupuesto de la historia para políticas sociales y dependencia, 1.639 millones de euros. En lo que llevamos de legislatura se ha incrementado el presupuesto para dependencia en 270 millones de euros".

FUNDACIÓN PROMI

Durante su visita, Rocío Ruiz ha resaltado el trabajo que se lleva a cabo en la Fundación Promi en Cabra, para mejorar la atención de las personas con discapacidad y promover para éstas una vida más independiente y autónoma.

La consejera ha podido conocer de primera mano la actividad que se realiza en el centro de día ocupacional para personas con discapacidad, con 20 plazas concertadas y enfocado en fomentar la integración social de personas que, de forma temporal o permanente, no pueden acceder a un puesto de trabajo ordinario o extraordinario.