La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre los perjuicios que ocasiona la economía irregular que “pretende impactar en la conciencia de la sociedad gaditana y luchar contra la competencia desleal que supone para las empresas y autónomos que sí cumplen con las obligaciones derivadas de su actividad”, ha destacado su secretaria general, Carmen Romero.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Dipuactiva, desarrollado por la CEC con la financiación del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación Provincial de Cádiz, y se articula a través de una página web: economiasumergida.empresariosdecadiz.es.

La campaña incluye la producción de un vídeo difundido por los canales de la CEC a través de su perfil de YouTube: https://youtu.be/Vb42tAelT4E

Este portal recoge los distintos buzones de denuncia que, tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como la Junta de Andalucía, disponen para que cualquier ciudadano pueda poner en conocimiento cualquier caso de vulneración de los derechos de los trabajadores o posible existencia de fraude a la Agencia Tributaria.

Del mismo modo, la web dispone de un apartado documental en el que se podrán consultar los distintos informes realizados sobre el impacto de la economía sumergida, así como un apartado de noticias y un formulario de contacto para empresas y emprendedores.

Según el último estudio de la CEC, la economía sumergida en Cádiz esconde 1.500 millones de euros anuales y las actividades no declaradas representan hasta el 24,7% del PIB en la provincia, señalando el auge de las estafas online y los nuevos métodos de pago electrónico.

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Bajo el lema “No te engañes: la economía sumergida nos hunde a todos”, la CEC quiere poner de manifiesto el daño que estos comportamientos generan en la sociedad, “no solo los más evidentes, como la falta de contribución a los recursos comunes y el fraude, sino también sobre los riesgos derivados de su práctica, como la falta de garantías de los consumidores, la inexistencia de prevención de riesgos, la falta de calidad e incluso el incurrir en prácticas ilegales”, argumenta Carmen Romero.

“La economía somete a las empresas a una injusta competencia frente a quienes buscan aumentar sus ingresos por la vía de ahorrar gastos de manera ilegal, especialmente impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, que provocan graves perjuicios a los trabajadores: ven mermadas sus garantías sociales y de seguridad laboral. Aquellos que creen que adquiriendo bienes y servicios en la economía sumergida, pagando ´en negro´, están realmente aumentando la precariedad laboral, renunciado a sus derechos como consumidores y condenando a miles de empresas a enfrentarse a un sistema insolidario”, sostiene la secretaria general de la CEC.

“Aquellos que practican actividades ilegales debilitan la legitimidad de las instituciones, estimulan la corrupción, deterioran la seguridad ciudadana, distorsionan el funcionamiento de la economía, dañan el medio ambiente y, en definitiva, son tremendamente perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Y todo ello hay que denunciarlo y erradicarlo”, apostilla.