ALMERÍA

La Junta ha abierto 35 expedientes a talleres ilegales en Almería en 2019 y 2020

Más de la mitad ya han regularizado su situación y continúan abiertos al público.

11-06-2021 Taller precintado por la Policía Adscrita a la Junta de AndalucíaJUNTA DE ANDALUC�A

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La Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, competente en materia de industria, ha tramitado en 2019 y 2020 un total de 35 expedientes por denuncias a talleres ilegales de reparación de vehículos en la provincia de Almería, por encontrarse en situación de ilegalidad al no haber presentado la necesaria declaración responsable.

Para su acción, la Junta ha contado con la colaboración de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que ha realizado labores de información y comprobación de la continuidad de la actividad de los talleres, según ha indicado la Junta en una nota.

REGULARIZAR SU SITUACIÓN

En el año 2019 se tramitaron 21 expedientes y en 2020 se abrieron otros 14. En 18 de estos 35 casos detectados, los titulares de los talleres han realizado los trámites para figurar en el Registro Industrial y regularizar su situación, por lo que podrán continuar abiertos.

De los expedientes iniciados en 2019 se ha procedido por parte de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma a la clausura de un taller debido a que no ha cumplido la resolución de imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad de taller de automóviles pese a haber sido apercibido para el cese de dicha actividad.

Se ha comprobado con la colaboración de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma que 8 de los talleres han cerrado tras iniciar el procedimiento. De los expedientes de 2019, en dos casos se presentaron alegaciones y se comprobó que tenían otra actividad, y están pendientes de notificar o constatar si siguen abiertos seis talleres del total detectados en los dos ejercicios.

Los establecimientos que no cumplen la normativa perjudican gravemente al resto que sí lo hacen al suponer una competencia desleal para el sector y un menoscabo a las arcas públicas, ya que no pagan las tasas e impuestos correspondientes y vulneran los derechos de los consumidores.

Además, el tratamiento incorrecto de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y para la seguridad de las personas.