El Pleno de Carboneras aborda este viernes la revisión de la licencia del hotel de El Algarrobico

El Ayuntamiento de Carboneras tiene previsto debatir este viernes en sesión plenaria extraordinaria la incoación del procedimiento para la revisión de la licencia de obras que fue concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para la edificación del hotel en la playa de El Algarrobico al incurrir causa de nulidad de pleno derecho en la misma.

La revisión de la licencia de cara a su anulación abriría una puerta a la demolición del polémico hotel con el fin de restaurar los terrenos de especial protección en los que se asienta, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y la zona de dominio público marítimo-terrestre que invade. No obstante, de forma paralela, el Ayuntamiento de Carboneras tiene pendiente la publicación un PGOU corregido que oficialice como "no urbanizables" los suelos en los que se levanta el establecimiento.

La sesión, prevista a partir de las 9,00 horas, llega tras una comisión informativa en la que se aprobó atribuir a esta competencia al citado órgano municipal mediante una avocación transitoria, ya que dicha competencia corresponde a la junta de gobierno local que dirige Salvador Hernández (CS).

La comisión informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios Públicos e Infraestructuras adoptó la pasada semana con los votos del alcalde y dos representantes del PP el acuerdo para que sea el Pleno el que asuma la decisión, toda vez que los ediles del PSOE adscritos a la comisión votaron en contra.

El alcalde, que se hizo con el gobierno mediante una moción de censura apoyada por el PSOE, gobierna ahora junto a cinco ediles del PP, mientras que el sexto --el exalcalde Felipe Cayuela-- ha solicitado su paso al grupo de no adscritos, aunque dicha condición no se formalizará hasta finales de este mes.

De otro lado, los seis miembros del PSOE que conforman la oposición se encuentran distanciados por fuertes discrepancias internas a raíz de haber compartido gobierno con Hernández y algunos miembros del PP, de modo que las circunstancias de la corporación impiden definir claramente una mayoría en la que, de salir adelante, se apoyará el acuerdo.

La decisión para avocar dicha competencia se basa en la necesidad de "continuar con el procedimiento de la forma más diligente posible" y evitar dilaciones al cumplimiento de una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en julio de 2022, que obligaba a revisar la licencia al entender que podía ser nula de pleno derecho al darse sobre unos suelos no urbanizables y protegidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que además invadían el dominio público marítimo-terrestre.

La vía de la anulación de la licencia para proceder a la demolición del inmueble es la seleccionada por la Junta de Andalucía como prioritaria para ejecutar el derribo frente a la expropiación de terrenos iniciada de forma parcial por el Gobierno central, que ya dio cuenta de la necesidad de ocupación de los terrenos que invaden la zona de servidumbre y pidió a Azata del Sol que pusiera precio al hotel.

Cabe recordar que el TSJA ha dado sucesivamente más plazo al alcalde de Carboneras para llevar a cabo este trámite después de que en diciembre del pasado año Azata instara de nuevo la ejecución de sentencia, de modo que solicitó además que mantuviera al tribunal informado cada diez días de sus gestiones frente a las peticiones de multa efectuadas por Greenpeace y Junta de Andalucía por no actuar.

En este sentido, la Junta de Andalucía llegó a solicitar al alto tribunal andaluz que fijara un plazo determinado para llevar a cabo dicho trámite, algo a lo que Azata se opuso al entender que dicha conducta podría derivar en un quebrantamiento de la sentencia de origen.

Por su parte, Greenpeace ha instado al tribunal de forma continuada a que, de forma subsidiara, llevara a cabo la revisión del permiso municipal para salvar la "reiterada estratagema" del Consistorio basada, según han advertido, en retrasar los trámites.

El regidor carbonero expuso ante el TSJA que había encargado un informe sobre cómo proceder para reevaluar el permiso que se concedió a Azata del Sol en 2003 para salvar las peticiones de multa del resto de partes, que veían la falta de trámites efectivos por parte del Ayuntamiento.

El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta "vicios de nulidad", de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y "devolver a su estado originario" el paraje, "que debió mantenerse inalterable", según concluyó el Tribunal Supremo (TS).