Juzgan este jueves al exalcalde de Dalías por la construcción "ilegal" de una guardería y una sala
Los hechos tuvieron lugar hace 19 años cuando el acusado, en su condición de primer edil daliense, habría encargado "verbalmente" a una empresa constructora la edificación de la guardería y la sala de usos múltiples pese a carecer de competencias para ello, ya que era preciso el acuerdo de Pleno.
Entrada a la Audiencia Provincial de Almería.
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La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este jueves un juicio contra el exalcalde de Dalías Jerónimo Robles por la construcción en 2006 de una guardería municipal y de un sala de usos múltiples de manera "ilegal" al no haber incoado ningún tipo de procedimiento administrativo al respecto para acordar dichas obras, que habrían sido financiadas además mediante una malversación de fondos a través de una cesión de terrenos valorados en más de un millón de euros, esto es, casi un 36% por encima del valor de las obras.
La Fiscalía acusa al exprimer edil que gobernó en varios periodos bajo distintas siglas --PP, PAL y después como independiente-- de un delito de prevaricación administrativa por el que reclama nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público, y de un delito de malversación por el que pide cinco meses de prisión al tiempo que pide el sobreseimiento para otros once investigados por la prescripción de delitos.
Según consta en el escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, los hechos tuvieron lugar hace 19 años cuando el acusado, en su condición de primer edil daliense, habría encargado "verbalmente" a una empresa constructora la edificación de la guardería y la sala de usos múltiples pese a carecer de competencias para ello, ya que era preciso el acuerdo de Pleno.
El Ministerio Público señala las irregularidades detectadas en los acuerdos elevados y suscritos posteriormente para aparentar una legalidad en las operaciones bajo la pretensión de pagar a la constructora con la cesión de varias parcelas y aprovechamientos de suelo público por un precio que habría sido previamente pactado por las partes.
En este sentido, cifra en 1.067.580,72 euros el valor real de los suelos que se pretendía entregar a la empresa como pago "en contraste con los 788.572,47 en que fueron valorados" los suelos, lo que habría causado al Ayuntamiento de Dalías un perjuicio de 279.008,25 euros si hubiera sido aceptado por la constructora. Muy al contrario, la empresa rechazó el acuerdo e interpuso una demanda por la que el Consistorio fue condenado a pagarle una suma total de 993.189,92 euros.
Las obras "ilegalmente acordadas" y "verbalmente autorizadas" arrancaron entre noviembre y diciembre de 2006. Fue después cuando el exregidor habría intentado dar "cobertura" a su maniobra, para lo que en un primer momento se aprobó en un pleno extraordinario celebrado el 4 de diciembre de ese año la primera fase de las obras a financiar "con fondos del patrimonio municipal de suelo".
MÚLTIPLES REPAROS DE INTERVENCIÓN
El secretario-interventor realizó una serie de reparos a dicho acuerdo, que no se llegó a ejecutar, ya que el uso de los citados fondos para ese fin era "contrario a la legalidad" toda vez que tampoco se justificaba la división de las obras en fases.
El exalcalde habría intentado de nuevo dar "apariencia de legalidad" a las obras en el pleno del 30 de enero de 2007, cuando llevó "por trámite de urgencia" el proyecto de ejecución de la guardería y su financiación con los mismos fondos. Así, preveía el uso un procedimiento negociado sin publicidad para dar cobertura a los trabajos que ya estaban en marcha, aunque tampoco prosperó bajo las mismas advertencias que en la ocasión anterior.
El fiscal señala que el acusado era "consciente" de la "ilegalidad" de las obras cuando, por tercera vez, llevó a Pleno --ya en mayo de 2007-- por vía de urgencia un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa que realizaba los trabajos para dar cobertura a la construcción a cambio de una parcela municipal.
UNA "PERMUTA ILEGAL" Y "SIN VALORACIÓN"
En esta ocasión, el secretario advirtió de la imposibilidad de emitir un informe de legalidad debido a la vía de urgencia por la que se había tramitado el convenio. No obstante, ni el entonces alcalde ni el resto de los miembros de la corporación habrían renunciado a posponer la decisión, pese a que el convenio "no estaba rubricado por los intervinientes" y "ocultaba la permuta ilegal de un bien inmueble", toda vez que la finca a permutar "carecía de valoración".
Este acuerdo, junto con una adenda ampliatoria acordada en otro pleno el 30 de junio del mismo año, permitieron el 6 de junio de 2000 elaborar un documento refundido con el texto definitivo del convenio urbanístico pese a que la obra se había acabado en septiembre de 2007, es decir, unos dos años antes.
El convenio final carecía de las firmas de los intervinientes y concedía a la empresa constructora la condición de propietaria de la construcción en terrenos destinados a dotaciones públicas "sin que se hubiera llevado a cabo previamente ningún tipo de procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia".
El mismo documento valoraba la obra realizada en 984.220,20 euros y ampliaba los terrenos a ceder a la constructora, con otra parcela más y el diez por ciento del aprovechamiento urbanísticos de una tercera zona. No obstante, ninguno de los convenios urbanísticos presentados fueron aceptados ni firmados por la mercantil constructora.
El fiscal señala que los borradores del convenio fueron elaborados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Dalías aunque "por impulso y petición" de Robles.
Los documentos indicaban que las fincas estaban valoradas en 984.220,20 euros, pero dicha cantidad "no respondió al valor real de ese patrimonio municipal" sino a "la negociación entre el acusado, responsables urbanísticos del ayuntamiento de Dalías y la empresa constructora", dado el que valor era notablemente superior hasta rebasar el millón de euros.