La investigación por presuntos contratos irregulares en la Diputación de Almería se salda con siete detenidos y diez registros
La segunda fase del 'caso Mascarillas' investiga una trama de adjudicaciones fraudulentas y comisiones ilegales con registros en diez inmuebles
Fernando Giménez y Javier Aureliano García
Almería - Publicado el
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha confirmado la detención de siete personas y la ejecución de diez registros en el marco de la segunda fase de la investigación del caso 'Mascarillas'. Entre los implicados se encuentran figuras clave como el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; el vicepresidente segundo, Fernando Giménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Comisiones a cambio de adjudicaciones
Según los primeros indicios, esta nueva fase de la operación se centra en varios contratos públicos presuntamente adjudicados desde la Diputación de Almería a empresas específicas con el objetivo de cobrar comisiones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarrollado los registros este martes en inmuebles particulares, oficinas y sedes de las sociedades investigadas.
El auto judicial que autoriza las detenciones y registros señala que "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". Los investigadores sostienen que los implicados habrían facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos a cambio de comisiones de las que podrían ser beneficiarios.
La conexión con Fines y el blanqueo
Parte de estas contrataciones se habrían realizado presuntamente en el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde es tío del principal investigado en la primera fase del caso, el exvicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento, Óscar Liria. La operación inicial, que comenzó en 2021, investigaba la compra presuntamente fraudulenta de material sanitario.
Las pesquisas también apuntan a que algunos de los detenidos no participaron directamente en las adjudicaciones, sino en la posterior canalización de los fondos ilegales en el circuito legal. Esta operativa podría ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales.
Nuevas medidas judiciales
El juzgado ha autorizado a la UCO para el volcado y copiado de comunicaciones privadas y ha requerido documentación a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las empresas implicadas. Además, se han ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, bloqueando cuentas y prohibiendo la venta de inmuebles y vehículos. Está previsto que los siete detenidos pasen a disposición judicial el próximo jueves.
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