Cinco detenidos acusados de emplear a 41 personas, también investigadas, en una empresa fantasma

Los arrestados habrían defraudado 90.600 euros al erario público, mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones.

Policía Nacional

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Almería, otras dos en Salamanca y una en Cartagena, acusadas de participar en una empresa de construcción "fantasma" con la que habrían empleado a 41 personas, también investigadas, con la que habrían defraudar 90.609,34 euros al erario, mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones.

Entre los implicados se encuentra el administrador de la mercantil y personas que colaboraron para la materialización de los delitos, según ha explicado la Comisaría en una nota, en la que apuntan que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en el futuro.

A los detenidos se les imputan los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y favorecer la inmigración ilegal. Por su parte, a los 41 investigados se les vincula con delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social.

Las investigaciones comenzaron a primeros del pasado mes de enero, a raíz de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería en las que una mercantil inscrita en la Seguridad Social, con domicilio social en Almería y dedicada supuestamente al sector de la construcción, no acreditaba actividad ni registro de facturación, por lo que se sospechaba que fuera una empresa ficticia.

Una vez reunida toda la documentación necesaria y tras su estudio, se determinó por parte de los investigadores que dicha empresa con domicilio ficticio había sido constituida a los meros efectos de producir la tramitación de altas fraudulentas en la Seguridad Social y a la simulación de relaciones laborales con la finalidad de obtener prestaciones de todo tipo.

PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

La mayoría de los falsos trabajadores habían fijado su residencia fuera de la provincia de Almería, para así dificultar su localización. Según los indicios policiales, el administrador único de la empresa, captaba personas extranjeras en situación de desempleo o que no reunían los requisitos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones de desempleo.

Así, se les ofertaba un contrato de trabajo a cambio de diferentes cantidades de dinero a abonar en un único pago, o en recurrentes. En ningún caso las cuotas se ingresaban en la Seguridad Social, apropiándose de ellas el empresario. Por su parte los supuestos trabajadores, no llegaban a realizar trabajo alguno.

Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que a través de esa empresa "fantasma", el administrador habría gestionado el alta de 41 personas en la Seguridad Social. Además, se ha constatado que diez de ellas obtuvieron prestaciones por subsidio por desempleo, y dos más que se encontraban en situación irregular en España consiguieron obtener una autorización de residencia.

FRAUDE EN COTIZACIONES

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. Esta empresa ficticia habría generado una deuda a la Seguridad Social de 61.390,17 euros en concepto de cotizaciones devengadas y no ingresadas.

Con el régimen especial de trabajadores autónomos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el INSS habría defraudado 29.214,17 euros, en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo. La cantidad total de dinero defraudado ascendería a 90.609,34 euros.

La operación 'Flan' está enmarcada en el convenio de colaboración entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y del Interior de abril de 2013, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con agentes de la Ucrif de Salamanca y Cartagena, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería y la Oficina de Extranjería.