¿Es posible evitar tragedias como la de la DANA el 29 de octubre?

Las alarmas han vuelto a sonar por la previsión de lluvias torrenciales justo a un mes de que se cumpla el primer aniversario de la DANA en la que murieron 234 personas, la mayoría en la Huerta Sur de Comunidad Valenciana. Casi un año después es inevitable plantearse si hemos hecho los deberes para evitar que la tragedia se repita. Quienes impulsan una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la Ley de Aguas consideran que no, que en estos 11 meses ni la vida humana está lo suficientemente protegida en este tipo de catástrofes en España ni se han hecho las inversiones que necesitamos ni se ha despolitizado la gestión. 

Es un proyecto apolítico 100 por 100 de la sociedad civil que impulsan ingenieros de caminos, abogados, procuradores, arquitectos y otros colegios y asociaciones profesionales y lo que plantean, concretamente, es modificar el artículo 14 de la actual Ley de Aguas para que el marco legislativo garantice la seguridad hidrológica en nuestro país y nos ayude a combatir mejor tanto las inundaciones como las sequías que, según los expertos y debido al cambio climático, se van a intensificar previsiblemente en nuestro país.

Consideran urgente la necesidad de reformar la actual Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) con 3 modificaciones que resume en COPE el promotor de la iniciativa José Luis Belmonte: “la primera es incluir la protección de la vida humana, la segunda hacer las inversiones necesarias para mitigar los riesgos en las DANAs y las sequías y la tercera que los cargos de la administración con responsabilidad en política de aguas tengan un perfil técnico porque no necesitamos ideología sino ciencia”.

 ¿Qué hacer si estás de acuerdo con la iniciativa?  

Necesitan reunir de aquí al próximo 25 de febrero 500.000 firmas para que el Congreso debata su propuesta y, de aprobarla, modificar la Ley de Aguas como plantean. Se trata de garantizar la protección de la vida humana, una inversión suficiente y la despolitización de las decisiones en las políticas y de trasladar estos principios a la gestión ordinaria del agua para contribuir al bienestar y la seguridad de la población frente a fenómenos cada vez más extremos y frecuentes.

“Se puede firmar por medio de la página web con el certificado electrónico o solicitar un pliego de firmas para luego remitirlas por correo con sobres franqueados que no tienen ningún coste para quienes los envían”, explica Belmonte.

Si están impulsando esta iniciativa desde la sociedad civil es, según subraya su promotor porque, “los políticos nos han defraudado, distintas administraciones ya nos han demostrado como funcionan en este tipo de asuntos tanto en la DANA de 2025 como los incendios de 2025, hemos visto sus prioridades y cómo se coordinan y creemos que si esperamos vamos dados”.

Si no se hace “el riesgo que corremos es que cuando llegue la próxima riada fuerte y ahora estamos en plena época de DANAS o de gotas frías no estar preparados y tener que lamentar una tragedia porque no hemos hecho los deberes y actualmente estamos mal preparados para afrontar tanto las riadas como las sequías. Mejorar la gestión requiere de una modificación de la ley de aguas”, lamenta Belmonte.

España es, según recuerdan, uno de los países de la Unión Europea con mayor superficie bajo estrés hídrico severo. Somos el país europeo con más riesgo de sufrir desertificación. Alrededor del 75 por ciento del territorio se encuentra en grave peligro y un 6 por ciento ya se ha degradado de forma irreversible, particularmente en la vertiente mediterránea, la andaluza y las Islas Canarias. Y la tendencia, según subrayan desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, es que también aquí las inundaciones y sequías sean más intensas y destructivas en el futuro.

 Priorizar la protección de la vida humana  

A tenor del drama del pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía y, para evitar que pueda repetirse en el futuro, quienes impulsan la ILP consideran que la protección de la vida humana debe ser la prioridad y lamentan que actualmente ni se cite en el artículo 14 de la norma que según señalan “está enfocada en el medio ambiente y el dominio público y no en las personas y en el patrimonio”.

Plantean añadir un epígrafe para recoger que la gestión pública del agua debe ser compatible ya no solo con la ordenación del territorio, sino también “con la protección de la vida y la integridad humana y con la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza”.

Se trata de garantizar por ley que la vida y la salud de las poblaciones serán, junto al patrimonio cultural y la actividad económica, los principios rectores de la gestión pública en materia de agua incorporando un enfoque en prevención y preparación frente a desastres naturales.

 Mejorar la inversión con presupuestos que se ejecuten  

Prevenir y mitigar los riesgos por inundaciones o sequías requiere de niveles suficientes de inversión, pero según lamentan, “el sector del agua en España sufre desde hace años de una flagrante falta de presupuesto”.

Los promotores de la ILP cifran en 22.000 millones de euros la inversión necesaria, cantidad similar a la que incluyen los planes hidrológicos para periodos de 5 años. Del último -que estuvo vigente entre 2016 y 2021-solo se ejecutó, lamentan, la cuarta parte. El último para el periodo 2022-2027 sigue en vigor con actuaciones previstas por 22.844 millones de euros, según recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) pero nada garantiza tampoco su cumplimiento.

Consideran que el mantenimiento de cauces, barrancos e infraestructuras hidráulicas es insuficiente, que hay deficiencias en la ordenación del territorio y que también son mejorables los protocolos de emergencia hoy por hoy “poco eficaces” y abogan por introducir un enfoque de prevención y preparación frente a desastres naturales. Hay además una gran necesidad de renovar las infraestructuras del ciclo urbano del agua, responsabilidad de las entidades locales.

“No estamos gestionando bien el ciclo del agua, no la estamos almacenando tampoco. Esta primavera ha caído muchísima agua y la mayoría se ha ido al mar. No estamos hablando necesariamente de construir presas, sino de que en sitios con estrés hídrico severo las tuberías de canalización están perdiendo actualmente un 25 por ciento de agua y esto se tiene que atajar”, señala Belmonte.

Garantizar una inversión suficiente pasa por incluir en el artículo 14 de la Ley de Aguas: “una inversión suficiente para la mitigación de los riesgos naturales por inundaciones o sequía”.

Y todo porque las inundaciones, recuerdan, son el desastre natural que más vidas afecta y que mayores pérdidas genera tanto en vidas humanas como en costes económicos que en el Instituto Geológico Minero de España alcanzaron, hasta la DANA de 2024, una media de 800 millones de euros al año.

Es un fenómeno que además -con el aumento de fenómenos climáticos extremos- irá a más. De hecho y, según la Global Commission on the Economics of Water, si no se toman medidas, España podría perder hasta el 8% de su PIB para 2050 debido a la crisis hídrica, lo que supondría más de 136.000 millones de euros. Sin embargo, la inversión en infraestructura resiliente permitiría reducir entre el 40% y el 65% de las pérdidas proyectadas, según el Foro Económico Mundial.

Consideran que triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros permitiría evitar un impacto económico de 88.400 millones de euros en los próximos años. Mejoraría la disponibilidad y la calidad del agua, protegería mejor los ecosistemas y limitaría el riesgo en infraestructuras críticas y mitigaría el impacto en la agricultura, la industria, el turismo y el abastecimiento urbano.

 Profesionalizar la toma de decisiones  

La gestión del agua es uno de los grandes retos del siglo XXI y acertar con las políticas y con las inversiones y la protección de la población y del medioambiente en este contexto de cambio climático es clave. Quienes impulsan la ILP consideran que solo podrá ser un éxito si se incorpora el principio de profesionalidad, capacidad e idoneidad técnica de los cargos de la administración pública del agua y de los puestos técnicos de esta, otro de los aspectos que quieren incluir en el artículo 14 de la ley.

“Los profesionales con cualificación técnica son los que deben asumir las tareas de planificación, control y seguimiento hidrológico, así como la ordenación del territorio y el urbanismo, con el objetivo de minimizar el impacto de estos sucesos extremos futuros. Es imprescindible que este personal con capacidad técnica suficiente ocupe los puestos de decisión, primando, especialmente en el ámbito hidrográfico, las decisiones técnicas sobres las decisiones políticas”, recoge el texto de la ILP.

 ¿Cómo quedaría la Ley de Aguas con las modificaciones que plantea la ILP?  

Actualmente el texto vigente del Artículo 14 que recoge "Los principios rectores de la gestión en materia de aguas" está así redactado: 

El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:

1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.

3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. ”

La modificación que plantean los impulsores de la ILP inlcuye estos 5 principios: 

1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.

3º Inversión suficiente para la mitigación de los riesgos naturales, por inundaciones o sequía.

4º Profesionalidad, capacidad e idoneidad técnica de los cargos de la administración pública del agua y de los puestos técnicos de ésta.

5.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la protección de la vida e integridad humana, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. ”