El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que, en el hipotético caso de que el Tribunal Supremo emita una resolución sobre unificación de criterios de las restricciones por la covid-19, el Gobierno evaluará esa interpretación y será lo "suficientemente flexible" para trabajar en ese sentido.

Marlaska ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por las afirmaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha expresado que el Gobierno estudiará cambios legales si se estiman necesarios después de que el Supremo resuelva los recursos de las autonomías que han visto cómo los tribunales superiores de justicia han anulado las restricciones diseñadas tras el estado de alarma.

El Ejecutivo central no hace que el Supremo ejerza de Gobierno ni de legislador, es el intérprete del marco normativo vigente, ha descrito el ministro.

Respecto al estado de alarma, ha recordado que algunas comunidades y partidos políticos se opusieron a esta opción porque decían que se conculcaba la libertad de todos, cuando era "evidente" que no es del gusto de ningún gobierno adoptar medidas de determinada entidad ante situaciones excepcionales, que son necesarias para garantizar la salud pública.

Ha defendido que dentro del ámbito normativo español interno existen medidas legales suficientes para responder a la situación actual de la pandemia, que no es la vivida en octubre.

Ya hay un plan de vacunación desarrollado que "está a la vanguardia", ya ha comenzado la de los ciudadanos de entre 50 y 59 años, y las circunstancias actuales permiten tomar iniciativas menos agresivas sobre derechos fundamentales, que puedan conllevar la intervención judicial si es necesario, ha detallado.

Las comunidades autónomas deberán adoptar en cogobernanza las medidas necesarias, en colaboración con el Gobierno de la Nación, ha explicado, antes de recordar que de junio a octubre pasados se produjo una desescalada que funcionó razonablemente bien con el marco normativo vigente, en la que también intervinieron los tribunales.

No obstante, ahora, si ocurre cualquier circunstancia ante un pronunciamiento de un Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno ha hacho la reforma necesaria y , si existen pequeñas disensiones en la interpretación, el Ejecutivo ha dispuesto la opción de plantear un recurso de casación.

Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el alcance de la normativa vigente en derechos fundamentales, se valorará, ha sintetizado el ministro.

Fernando Grande-Marlaska ha participado en una rueda de prensa junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tras presentar la campaña informativa sobre la entrada en vigor de la reforma legal que limita a 30 kilómetros por hora la velocidad en vías urbanas con un único carril por sentido de circulación . EFE

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