Cada día se producen 40 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, casi la mitad de ellas en Cataluña. En el último año y a pesar del COVID esta situación ha ido a más. Prolifera una nueva modalidad, la llamada “inqui-ocupación”, la llevan a cabo personas o familias que firman un contrato de alquiler que luego dejan voluntariamente de pagar.

Es justo lo que le ocurrió a Chantal Santiago de 53 años. Junto a su marido y sus dos hijos pasaron de alquilar con opción a compra su única propiedad, un chalet con jardín en la localidad leridana de Cervera, a vivir de ayudas sociales después de que sus inquilinos dejaran hace un año de pagar la renta y se negaran a abandonar la vivienda.

“Ellos son una familia compuesta de tres miembros, un matrimonio y un hijo y tienen empresas de comidas preparadas, tienen, tienen...aquí lo curioso es que yo estoy en exclusión social y ellos no” señala Chantal que vivió durante seis años junto a su familia en la casa ahora ocupada.

En 2010 tuvieron que mudarse a Córdoba por motivos laborales y fue esta situación la que los llevó a firmar el contrato. Sus inquilinos pagaron durante años la renta, pero incumplieron lo pactado, al no ejercer la compra pactada de la vivienda.

“Fue toda una artimaña” se lamenta Chantal quien ha sufrido graves perjuicios a raíz de esta situación.

“Todo 2020 hemos tenido que estar a cargo de los servicios sociales, nos han tenido que dar alimentos, una ayuda para mi hijo menor durante 6 meses, han tenido que pagar los suministros de luz y de agua y mal. Encima hemos tenido que cargar nosotros con el coste de abogado y procurador por la demanda”, subraya.

Tras meses de tratar de hacer ver a sus inquilinos su precaria situación “el 30 de julio de 2020 les pusimos una demanda de desahucio porque no se iban, no dejaban las llaves. No se iban y allí están, no han vuelto a pagar nunca más y así llevamos un año”, recalca.

Mientras explica a COPE su situación Chantal recibe una buena noticia. Ya hay fecha para el desalojo de sus inquilinos: la justicia la ha fijado para el próximo 16 de julio. A partir de ese día podrá recuperar su vivienda, pero tendrá otros problemas.

Sin la renta de su casa de Cataluña, no han podido pagar la hipoteca por lo que tendrán que vérselas con el banco, temen que pueda haber deudas también en los suministros y no saben en qué estado encontrarán la casa por dentro. Fuera si han constatado que hay grandes destrozos por lo que será necesario una fuerte inversión para poder alquilarla o venderla tal y como se plantean después de la pesadilla que han vivido.

Calculan en 100.000 euros el daño que les han causado y no creen poder recuperarlo. Chantal ya se hace a la idea de que como mucho podrá saldar la hipoteca sin recuperar la inversión realizada para la compra de la vivienda.

En su caso y tras lograr renegociar a la baja el precio del alquiler de su vivienda en Córdoba optó por “pagar al propietario antes que por hacer frente a las letras de la casa porque, lo contrario, hubiera sido hacer pasar a alguien por lo que a mí me han hecho pasar”.

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación “LeyAntiocupas” constituida el pasado día 10, nos cuenta que “la mayoría de los casos que tenemos hoy son de “inqui-ocupación” de estos ocupas que entran de manera legal con un contrato que pueden presentar en caso de juicio junto a una serie de excusas que les permitan mantenerse el máximo tiempo posible en esa casa con el correspondiente agravio al propietario”.

“Es una nueva modalidad y los casos se alargan hasta el infinito y, en ocasiones, no se consideran ocupaciones”, añade.

Convivir con okupas

Bravo sabe por experiencia lo que es tratar con okupas. De tener una vivienda agradable con terraza y barbacoa en el madrileño barrio de Vallecas pasó a vivir inmerso en una auténtica pesadilla y así desde hace 8 años.

“Lo compré en 2010 y en 2013 entran los primeros okupas. En 2015 todo el edificio salvo mi casa estaba ocupado. A día de hoy esto sigue exactamente igual. El cambio fue radical”, explica.

“Desde que entraron he tenido tres narcopisos, ha habido tiros en varias ocasiones, peleas, puños americanos, sangre en el portal porque a uno le arrancaron la oreja. Ha habido de todo. Suciedad, insalubridad, ruido, fiestas, amenazas, de todo, y, sin embargo, a mí no hay ningún artículo que me ampare en esta situación”, denuncia.

Como consecuencia, lleva 6 años y medio en tratamiento psiquiátrico. “No me da el alta porque he desarrollado una hipervigilancia, una obsesión y ciertos trastornos difíciles de llevar, me sobresalto con el mínimo ruido y eso que consumo cerca de 3.000 pastillas al año” constata.

Forma parte de las personas convivientes con okupas y como otros muchos vecinos que viven esta experiencia se considera también damnificado. Una de las cosas que a Ricardo más le duelen es que la empresa que gestiona el edificio en el que residen esté pagando a los okupas para que se vayan. Mientras, él ya les ha abonado la mitad de la hipoteca de su piso, 120.000 euros.

“Lejos de demandarles están llegando a pactos con la propiedad y al final salen remunerados, evitan la condena al llegar a acuerdos extrajudiciales y se van posiblemente a ocupar otros pisos en otros lugares tras años de causar graves perjuicios para quienes sí pagamos nuestra vivienda. Es el mundo al revés, una locura y un infierno con el que nos encontramos quienes convivimos con ocupas sin legislación alguna que nos defienda” denuncia.

Solicitó una permuta de vivienda a los gestores de su edificio Servihabitat, sin éxito, “a los únicos que benefician es a los okupas con los que sí pactan” se lamenta.

Nueva plataforma anti-ocupación

Tan amarga ha sido la experiencia de Ricardo Bravo y la de tantas otras personas damnificadas por los ocupas que han decidido unir fuerzas y hablar con una sola voz. Fruto de sus intercambios en redes sociales cada jueves, ha surgido la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Registrada el pasado día 10, defienden como urgente la puesta en marcha de una ley y de un registro nacional anti-ocupas.

“Necesitamos una ley, unas medidas que eximan del cobro de los impuestos municipales de vivienda a quienes sufren una ocupación y que tampoco tengan que hacer frente al pago de los suministros de la casa, ni a los gastos procesales, ni cubrir los daños provocados por quienes les han usurpado sus viviendas. Y todo porque no somos culpables de nada, somos víctimas” señala Bravo.

Quieren que se impida el empadronamiento de las personas que ocupan, que puedan contratar servicios esenciales u obtener subvenciones. Piden la puesta en marcha de una legislación que defienda los derechos de las víctimas de los delitos de usurpación, allanamiento e impago voluntario del alquiler.

Las principales medidas que proponen, entre ellas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan intervenir no solo en pisos de particulares sino en propiedades de bancos o fondos de inversión ocupadas o la creación de un número de teléfono nacional único que facilite la denuncia y desalojo inmediato de los ocupantes, las están trasladando a los grupos del Congreso y a los representantes de los parlamentos regionales hasta lograr una respuesta rápida, eficaz, uniforme y consistente en todo el país.

14.675 denuncias de ocupación en 2020

Se estima que hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España. En 2020 y en plena pandemia las demandas aumentaron por cuarto año consecutivo, se tramitaron 14.675, un 2,7 por ciento más que en 2019. Desde la Plataforma consideran que son “la punta del iceberg”.

El 13,7 por ciento de las viviendas están vacías en nuestro país.