El 5% de los menores migrantes no acompañados viven en familias

La acogida se eleva al 51% en el caso de los menores tutelados españoles

Carmen Labayen

Publicado el - Actualizado

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Tuvieron que separarse de sus familias y afrontar una dura travesía por mar o tierra que para muchos se convierte en una trampa mortal. La mayoría tiene más de 16 años y es de origen marroquí o subsahariano y lo tienen difícil para integrarse en España. Menos del 5 por ciento de los menores migrantes no acompañados viven en familias frente al 51 por ciento de los menores tutelados nacidos en España.

Son muchas las entidades sociales que llevan años tratando de impulsar el acogimiento familiar de estos menores que sigue siendo residual en nuestro país. El destino casi único para más del 95 por ciento de ellos son los centros de acogida y en plena polémica por su reparto, la mayoría viven hacinados en Canarias, Ceuta o Baleares. Su edad, su origen, los prejuicios y el estigma que les rodea hace que pocas familias se atrevan a abrirles las puertas de su casa para una acogida temporal.

Según recoge el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, con información de 2023, solo el 1,4 por ciento de todos los menores en acogimiento familiar en España son extranjeros no acompañados y estos menores ocupan 1 de cada 3 plazas en los hogares tutelados por las administraciones.

A fomentar el acogimiento familiar se dedicó la Fundación Acrescere  esde septiembre de 2022 a septiembre de 2024 tras firmar un acuerdo con la Comunidad de Madrid. En estos dos años, únicamente lograron que 4 menores migrantes no acompañados encontraran una familia de acogida.

“Nos costó bastante porque son perfiles de chicos que el más pequeño tiene 16 años porque llegan siendo ya más mayores y están muy estigmatizados. La realidad es que a la Comunidad de Madrid le está costando encontrar familias para cualquier niño tutelado y para este perfil aún más”, admite en COPE Nayara Canalejo, directora general de centros y servicios en la Fundación Acrescere.

A su juicio, para acoger a estos chavales extranjeros no acompañados “hay que tener mucha sensibilidad social y entender un poco la situación del menor no dejarte llevar por el discurso de odio, sino enterarte tú y conocer su realidad”.

Espe y Moja, un caso de éxito

Esperanza Sánchez decidió hacer este tipo de acogimiento familiar y así es como llegó Moja, forma españolizada de Mohamed, a su casa, una experiencia que les ha marcado a los dos para siempre. Se conocieron en 2021 y para el joven migrante supuso poder dejar atrás una casa okupa en El Molar tras tener que salir del centro de menores no acompañados de Ceuta el mismo día que cumplió los 18. Hasta la Comunidad de Madrid llegó tras pagar 50 euros a la policía marroquí en la frontera.

“Dejas una familia en tu país para buscar una vida mejor y encontarte con otra familia es una alegría muy grande. Te dan consejos y esos consejos te hacen madurar y ser buena persona”, asegura Moja quien no descarta en el futuro acoger a otros menores migrantes no acompañados.

Espe y Moja se conocieron en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Madrid, base de operaciones de la asociación Bocatas. Ambos están integrados en ella para acompañar y hacer amistad con los drogodependientes de la Cañada Real.

Espe es una de las iniciadoras de “El Abrazo de Damieta”, una asociación formada por personas que acogen en sus casas a jóvenes en situación de calle, fundamentalmente ex menores migrantes no acompañados, chicos que quedan desamparados cuando al cumplir los 18 años salen obligatoriamente por ley del sistema de protección y afrontan una emancipación es tan prematura como difícil, siendo carne de cañón para la delincuencia.

“Puedes ayudar a corregir un montón de cosas y a que los chavales crezcan. Y cuando lo hacen y ves que crecen y se disparan te maravillas. Después de todo lo que he vivido lo volvería a hacer, es verdad que hay momentos en los que dices, ya está ¿no?, pero luego lo vuelves hacer, te sale porque es fantástico. Vas haciendo un recorrido con ellos y todo aflora en casa, en un lugar seguro desde el que puedes ir cambiando lo que no funciona”, señala Espe.

¿Pueden ser las familias desbloquear la situación de estos chavales?

A juicio de la directora de la Fundación Por Causa, Lucila Rodríguez, las familias pueden ser parte de la solución al problema de bloqueo que sufren los menores migrantes no acompañados que quedan atascados en los centros públicos de acogida en las islas o en Ceuta y Melilla: “la institucionalización de los menores siempre es negativa pero el sistema no facilita la acogida de los extranjeros no acompañados”.

“Cuando los chavales son acogidos por familias todo funciona mucho mejor y se naturaliza algo como que estos jóvenes puedan tener un periodo de transición y los datos avalan que sus datos de inserción son mejores que los de los jóvenes españoles. Maltratar a unos chavales o no permitirles que entren en un sistema adecuado de acogida no tiene ningún sentido, no es inteligente y no ayuda nada al control y a la seguridad sino todo lo contrario”, señala en COPE Rodríguez.

Para Nayara Cantalejo lograrlo pasa por un cambio en la mentalidad social que sigue teniendo miedo y reparos para llevar a cabo este tipo de acogimiento.

Tanto el Estado como las comunidades autónomas arrastran los pies

En marzo de 2025 eran en torno a 10.000 los menores migrantes no acompañados tutelados por las comunidades autónomas, más de la mitad de ellos en Canarias. Si se tiene en cuenta también a los jóvenes extranjeros ex tutelados son casi 19.000. Eran casi 7.900 en junio de 2021 lo que supone un aumento del 140 por ciento en 4 años. 6 de cada 10 son marroquíes y solo el 6 por ciento son mujeres.

Unos 1.000 menores migrantes no acompañados son solicitantes de asilo y dependen por ello directamente del Estado. Así lo ratificó el Supremo al que recurrió Canarias para tratar de aliviar la presión que sufren sus centros al dar el pasado 25 de marzo un plazo de 10 días al Ejecutivo para solucionarlo. A pesar de esta obligación, la mayoría siguen bloqueados donde estaban. 210 han sido acogidos en un centro de tránsito de Las Palmas para que los menores puedan ser evaluados y únicamente ha sacado de las islas a 52. Otros 200 están pendientes de alta en el sistema de protección internacional.

En paralelo, también las comunidades autónomas están torpedeando su acogida. Varias comunidades autónomas, la mayoría del PP, pero también Castilla La Mancha del PSOE, ha llevado al Tribunal Constitucional el mecanismo de reparto aprobado por el Gobierno excluyendo a País Vasco y a Cataluña mientras Baleares apela al Supremo tras la llegada masiva de migrantes a sus costas en los últimos meses.

“La responsabilidad entre las comunidades autónomas y el Gobierno es compartida. Es un tema complejo porque no hablamos de muebles sino de personas jóvenes con unos niveles de precariedad y de vulnerabilidad muy elevados y esto es un gran reto para todos y también la responsabilidad es compartida por todas las estructuras. Esto es injusto, no es solidario y además éticamente es reprobable y no es bueno y no nos representa ni como país ni como sociedad, no somos así en España, somos mucho mejores que las personas que nos están representando”, concluye Rodríguez.