La Junta de Andalucía archiva el expediente de desamparo del hijo de la mujer que recurrió por vía judicial su retirada

Aprecia que tiene ya 15 años y ha reclamado regresar con su madre mientras el abogado de ella ve una "rectificación administrativa"

La Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha archivado finalmente el procedimiento de desamparo que había incoado respecto al hijo menor de edad de una madre que consideraba que la Administración había "prescindido de toda formalidad" en dicho procedimiento, porque aunque el Servicio de Protección de Menores ve aún "grave" la situación del menor, el mismo cuenta ya 15 años de edad, ha mostrado su deseo "explícito" de regresar con su progenitora y además el proceso ha caducado, según la Administración.

El letrado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, había explicado que el pasado 13 de febrero, la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad acordó el desamparo provisional de esta persona menor de edad, "incluyendo como medida la autorización al servicio de Protección de Menores" de su retirada del Instituto de Educación Secundaria en el que cursa sus estudios.

A la hora de impugnar por vía Civil dicha resolución, el letrado explicaba que la misma "debió haber sido comunicada a su progenitora de manera inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, como establece la normativa, pero ello no fue así", sino que "se procedió a la retirada de la menor del instituto sin tener noticias" previas de la decisión adoptada pese al calado de la misma.

La Consejería de Inclusión Social, de su lado, defendía que había actuado "con todas las garantías legales y jurídicas, pero sobre todo primando la premisa de proteger el bienestar y protección de los menores".

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

Ahora, la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha emitido una resolución, mediante la que acuerda el archivo del procedimiento de desamparo iniciado respecto a este menor de edad, un proceso emprendido bajo la premisa de que su madre habría podido incurrir en aspectos como supuestas "negligencias" a la hora de garantizar las necesidades esenciales del esta persona menor de edad y situaciones de gravedad, extremo que negaba la progenitora.

Es más, esta mujer, de la mano del mencionado abogado, recurrió ante un juzgado de Primera Instancia de Sevilla el expediente de declaración de desamparo del menor e incluso interpuso una querella por la vía Penal, contra la delegada territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y contra el director del centro de menores en el que fue ingresado su hijo, por actuar "sin acto administrativo notificado" por posible prevaricación.

A la hora de acordar el archivo del procedimiento de desamparo, la Delegación Territorial ha argumentado que si bien persiste una situación grave respecto a este menor de edad, resulta oportuno revocar su declaración provisional de desamparo dada su edad al haber alcanzado ya los 15 años y su deseo expreso de regresar con su madre; si bien dicho departamento necesario un seguimiento específico del caso por parte de los Servicios Sociales para que no se repita la supuesta situación de "desprotección" atisbada.

CADUCA EL PROCEDIMIENTO

Además, pesa que la Administración ha superado el plazo legal para resolver el procedimiento sin haber dictado resolución final respecto al mismo, lo que deviene en la caducidad del expediente, acordando en cualquier caso que los servicios sociales de municipales intervengan respecto a este menor para evitar riesgos.

El abogado de la madre, en ese sentido, ha celebrado esta "rectificación administrativa" que prueba a su entender que la actuación de la misma fue "irregular y sin las garantías legales y jurídicas establecidas", exponiendo que más allá del resultado de la querella interpuesta por la vía Penal, está estudiando acciones legales para el "resarcimiento de los daños morales" que hayan podido sufrir estas personas por una actuación supuestamente "incorrecta" de la Administración.