El anuncio de un nuevo viaje privado de Juan Carlos I a nuestro país en las próximas semanas, para participar en una competición deportiva, ha vuelto a destapar la caja de los truenos. Determinadas formaciones políticas, algunas de ellas en el Gobierno, han aprovechado la ocasión para atacar al Rey emérito, sembrando infundios sobre su situación judicial y reivindicando una forma de estado republicana ajena al sentir común de la mayoría de los ciudadanos. No hay ningún procedimiento judicial abierto en España contra el rey Juan Carlos, cuya decisión de vivir fuera de nuestro país se tomó en diálogo con su hijo, el rey Felipe VI, en un momento y una situación concretos.

Una vez aclarado el horizonte penal, la presencia del Rey Juan Carlos en España debe normalizarse por completo, entre otras razones por la edad del Monarca. No parece sensato que cada vez que el Rey emérito anuncie su venida a España se produzca una sacudida política y mediática y comience una campaña de deslegitimación, no sólo contra su persona sino contra la monarquía. Es sorprendente que quien contribuyó decisivamente a la venida de la democracia a España siendo motor del cambio y artífice de la reconciliación entre los españoles, quien puso su empeño en sacar adelante una Constitución aún vigente que ha traído décadas de progreso, y quien tuvo una actuación determinante para frenar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con sus aciertos y con sus errores, no pueda vivir en un país al que ha prestado tantos servicios impagables.