El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió ayer con el Canciller de Nicaragua. Las informaciones que proceden del país centroamericano apuntan a que es el presidente Ortega quien pide que este organismo, con quien ya se mantuvo una primera reunión en julio, que asuma el papel de mediador en un conflicto civil que cada día que pasa se cobra más vidas, recrudece más la represión y se aleja más de soluciones inclusivas, que son las que le pide la ONU.

De hecho, durante la jornada de ayer, y mientras el Gobierno nicaragüense clamaba por la mediación política en Nueva York, en Nicaragua, la Vicepresidenta Murillo amenazaba a las organizaciones civiles y humanitarias con incrementar la represión si seguían jugando con fuego. 

De nada sirven los llamamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la publicación de las cifras de muertos y las denuncias de desaparecidos. Tras cinco meses de represión cruenta, el Gobierno nicaragüense no está dispuesto a ceder. Ortega ha rechazado la propuesta de la Organización de Estados Americanos de crear un grupo de trabajo compuesto por doce países que, presidido por Canadá, podría mediar para la búsqueda de soluciones pacíficas. Y con esto no hace más que tensar las cuerdas de las frágiles relaciones que Nicaragua está tejiendo con sus vecinos costarricenses y salvadoreños. El conflicto civil que vive Nicaragua ha dejado de ser un asunto interno para convertirse en un asunto continental. Quizás la ONU no pueda seguir esperando mucho más para presionar a Ortega e iniciar un proceso de mediación política que, necesariamente, deberá llevar a unas elecciones democráticas.