La dimisión de Jorge Fabra, el segundo máximo responsable de gestionar el plan de recuperación que abandona el cargo en menos de año y medio, ha puesto sobre la mesa un serio problema en el Ministerio de Hacienda. El asunto es grave porque compromete la inversión de miles de millones de euros ya presupuestados. Dos son los lastres que comprometen la gestión de estos fondos europeos. El primero es la falta de personal para licitar y ejecutar los proyectos, algo que el Gobierno conocía de sobra desde hace tiempo, sin haber puesto los medios necesarios para solucionarlo. El otro problema, denuncian algunos funcionarios, es la injerencia política, que genera alarma en Bruselas con el resultado de un endurecimiento de los mecanismos de control a España, lo que termina añadiendo aún más sobrecarga al trabajo del funcionariado.

Cierto que el tema no afecta solo España. Italia también se encuentra con dificultades para absorber estos fondos. Si el caso español es más preocupante se debe a un incumplimiento reiterado que obliga a hablar ya de negligencia. No sucede únicamente con los fondos Next Generation. Un informe de la Comisión dio a conocer hace unos días que España es el país más lento en invertir los fondos estructurales, lo que le obligará a gastar este año más del 35% de los 75.000 millones presupuestados en teoría para el período 2014-2020, incluidas partidas tan sensibles como los fondos para agricultura y pesca. Todo esto repercute inevitablemente en un menor impacto de las inversiones, una pérdida de oportunidades que España sencillamente no se puede permitir.