Hace un mes, Txapote, uno de los jefes más sanguinarios de ETA, no quiso declarar sobre el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, cometido el 30 de octubre de 2000. Es una constante, los líderes de ETA no colaboran con la justicia para esclarecer los numerosos asesinatos de la banda todavía no resueltos.

La Asociación Dignidad y Justicia está trabajando, precisamente, para que los que fueron líderes de ETA vuelvan a sentarse en el banquillo para responder por los 379 asesinatos sin resolver. Se han abierto nuevos procesos en la Audiencia Nacional utilizando la herramienta jurídica de la autoría mediata por dominio: los que ordenan un crimen son tan responsables como los que lo ejecutan.

Ya se han dictado condenas a jefes terroristas por crímenes de sus subordinados en otros países usando esta fórmula. La más importante fue en Perú, donde fue juzgado Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Es importante el informe del Parlamento Europeo en el que insta a considerar como crímenes de lesa humanidad los crímenes de la banda terrorista. Las Fuerzas de seguridad están trabajando en los archivos de ETA para avanzar en los sumarios.

Es de justicia que los presos de ETA que no colaboren contando lo que saben no obtengan beneficios penitenciarios. Es de justicia que, según los criterios de la Corte Penal Internacional, los delitos cometidos por la banda se consideren delitos de lesa humanidad y no prescriban. Aunque eso pueda quebrar alguna estrategia política.