El presidente de la Junta de Andalucía ha dejado claro en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que si el Gobierno interviene su política fiscal activará una contundente respuesta en los tribunales. La decisión del gobierno andaluz de eliminar el impuesto de patrimonio y deflactar determinados tramos del IRPF para las rentas más bajas ha provocado una desaforada respuesta del Gobierno de Sánchez. Un Gobierno al que le molesta la autonomía fiscal de las comunidades autónomas reconocida en la Constitución, sobre todo cuando contradice su doctrina y demuestra que con impuestos más bajos puede aumentar la recaudación y asegurar la calidad de los servicios sociales.

Las nuevas medidas de política fiscal en Andalucía, a ejemplo de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, harán posible que los andaluces cuenten con 900 millones de euros más en el bolsillo el próximo año para paliar los efectos de una crisis económica que ha agudizado la pérdida de poder adquisitivo. Las reacciones en las últimas horas, tanto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ponen en evidencia el empeño intervencionista del Gobierno y su obsesión por impedir modelos económicos que hagan posible la reducción de la presión fiscal como forma de alentar la inversión y la creación de riqueza. Más allá del cordón sanitario que Sánchez quiere imponer a los gobiernos del PP, lo que está demostrando el presidente del Gobierno es que sabe gastar el dinero del Estado, pero no cómo ingresar en su caja sin que la presión recaiga sobre los ciudadanos.