Una sentencia impropia del Tribunal Constitucional

Primero fue la fractura social que provocó el “Procés” en la sociedad catalana. La transacción de Pedro Sánchez con el independentismo, con la compra de apoyos a su investidura a cambio de la ley de amnistía, generó después una profunda división en España, según la definió la Comisión de Venecia. El último capítulo de este esperpento es la sentencia del Tribunal Constitucional que se conoció ayer, aprobada por una precaria mayoría de seis votos a cuatro. Impropio de un Estado de Derecho, el aval a la ley de amnistía reabre las heridas, genera desconfianza en la justicia y ni siquiera sirve para zanjar el debate jurídico. El modo en que se ha gestado este desenlace retrata el modo en que el presidente del Tribunal, Cándido Pumpido, ha maniobrado para favorecer los intereses del Gobierno, esquivando el debate en el Pleno y sin permitir siquiera que se planteara la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE que solicitaron algunos magistrados. Bien podría suceder todavía que este tribunal, con sede en Luxemburgo, revocara esta sentencia en apenas unas semanas, lo que, como efecto inmediato, genera incertidumbre en los tribunales inferiores que deban aplicar la ley. En el plano político, la sentencia supone una invitación al independentismo a seguir exprimiendo mientras pueda a Sánchez a costa de todos los españoles. En el tiempo que le quede al frente del Ejecutivo, el desgaste irá cada vez a más. La crisis abierta en el PSOE va adquiriendo dimensiones preocupantes, pero por grave que esto sea, lo es mucho más el aumento de la desafección ciudadana.