La responsabilidad del fiscal general de Estado

Con la exposición de las conclusiones de las partes, el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estará hoy visto para sentencia. Sea cual sea la resolución que dicte el Tribunal Supremo, la instancia más garantista con la que cuenta nuestro sistema, este proceso ha producido ya una profunda herida en percepción social, una quiebra institucional sin precedentes. La decisión de García Ortiz de negarse a contestar a la acusación con el argumento de que sufre una persecución política es una muestra de cómo se ha querido emborronar este juicio haciéndolo pasar por un proceso político, cuando estamos ante un proceso judicial en el que se dilucida si se ha producido revelación de secretos y vulneración del derecho de defensa de un ciudadano español. Con su negativa, además, asienta un precedente perverso al privar del ejercicio de contradicción, que es una de las bases del proceso judicial.

Álvaro García Ortiz metió a la Fiscalía en una batalla política, convirtiéndose en el hacedor de un relato destinado a la opinión pública. Esa actuación demanda un ejercicio de responsabilidad que debe asumir el implicado. Convertirse en un ariete más de la obsesión de Pedro Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso deslegitima de raíz al que aún hoy es fiscal general del Estado. El desprestigio de la institución ya es irreparable por convertirse en una terminal más del ejercicio del poder del presidente del Gobierno contra sus adversarios políticos. La anomalía democrática que ha supuesto este asunto evidencia la necesidad de una regeneración institucional que solo será posible cuando Sánchez abandone la escena.