Los registros de objetores de conciencia

Mientras tiene a la profesión médica levantada contra su gestión, con huelgas que parecen no ir con ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, se dedica a amenazar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por no crear el registro de objetores de conciencia al aborto. La ministra ha amenazado a Ayuso con inhabilitarla y ha recordado que es la única comunidad autónoma que falta por cumplir con ese requisito. En política se trata de prioridades y las de la ministra en este campo siempre han estado muy claras.

La polémica surge en el contexto del recurso presentado por la presidenta Díaz Ayuso contra la medida cautelar que le obligaba a iniciar de inmediato los trámites para poner en marcha el registro de médicos objetores al aborto. A la espera de lo que resuelvan finalmente los tribunales, se trata de una cuestión viciada en su origen, puesto que se exige registrarse a quienes se oponen en conciencia y amparados por un derecho fundamental recogido en la Constitución. La sospecha de la posible aparición de listas negras es legítima.

. La pregunta es para qué va a ser utilizado ese registro, que puede vulnerar también algún otro derecho fundamental. Nada de esto se entiende sin el reiterado cuestionamiento público de la objeción de conciencia se viene generando desde el ámbito gubernamental. Una polémica de este tipo le viene fenomenal a ministras como Mónica García, incapaces de gestionar con eficacia lo que tienen entre manos en su propio ministerio, pero expertas en agitar la propaganda para contentar a los pocos votantes que les quedan