Pedro Sánchez lanza su aviso al Constitucional

Pedro Sánchez parece haber emprendido un camino sin retorno en su empeño por cuestionar los contrapesos del poder político. El presidente del Gobierno ya presumió en 2019 de controlar la Fiscalía y, durante el juicio a Álvaro García Ortiz, se permitió declarar por su cuenta y riesgo la inocencia del fiscal general. Aquellas palabras constituyeron una instrucción pública de evidente carga intimidatoria y vulneraron de manera explícita la separación de poderes. Tras conocerse el fallo, tanto Sánchez como varios miembros de su gabinete han vuelto a desatender la institucionalidad que se presupone en un Estado de Derecho. En la sesión de control de este miércoles en el Congreso, no satisfecho con impugnar el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el presidente afirmó en la Cámara Baja que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.

A la vista de precedentes como el caso de los ERE, resulta plausible que Sánchez confíe en una futura intervención del Tribunal Constitucional, un órgano de extracción netamente política que no forma parte del Poder Judicial. Aspirar a que el Constitucional vuelva a corregir una resolución del Supremo en un asunto que afecta directamente al Gobierno constituye otra forma de erosionar la independencia judicial. Que el presidente se muestre tan seguro de que el Constitucional adoptará una decisión favorable resulta, cuando menos, inquietante. Más allá de la injerencia, el mero enunciado de estas afirmaciones ya deteriora la imagen de autonomía que debería preservar el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido.