No a las listas negras de médicos objetores

Dispuesto a activar a un sector de la izquierda desmovilizado, Pedro Sánchez intenta suscitar el debate del aborto y recurre a la brocha gorda, con la propuesta de una imposible reforma constitucional que lo blinde como derecho en la Carta Magna. Pero más preocupante quizá en estos momentos es su ofensiva contra las CC.AA. que carecen de un registro de médicos objetores. Aragón, Asturias e Islas Baleares se han plegado a las instrucciones presidenciales. No así la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso le ha respondido a Sánchez que no va a “hacer una lista negra” de médicos objetores. Lo cierto es que la presidenta madrileña ha puesto el foco en el gran problema de fondo, como explicaba en COPE el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. A la imposibilidad de controlar que tal registro no se utilice para controlar e intimidar a estos profesionales, se suma el peligro de relativizar uno de los derechos que, por su especial sensibilidad, constituyen el núcleo básico de la Ley fundamental y merecen la máxima protección y blindaje. Para el personal sanitario, defender la objeción de conciencia implica además la reivindicación de los fundamentos éticos básicos del ejercicio de la medicina, que pasa por el cuidado de la vida en toda circunstancia, a lo que compromete el juramento hipocrático. Este es el gran asunto que subyace al debate sobre los registros médicos de objetores, un tema muy sensible para muchos votantes del PP, que haría bien en no tener miedo a pronunciarse con claridad en este asunto.