La Ley Trans divide al Constitucional

El Tribunal Constitucional ha aplazado sine die el debate sobre la ponencia que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha elaborado respecto al recurso del PP contra la Ley Trans. La mayoría de los miembros del Constitucional rechazan que la mera voluntad formal de la persona sea suficiente para el cambio registral del sexo. La autodeterminación personal del sexo sin condiciones es considerada por los magistrados que se oponen a la ponencia incompatible con el principio de seguridad jurídica, entre otras razones por las implicaciones que tiene para el denomiando “borrado” de la mujer y los derechos asociados que garantizan la verdadera igualdad. Esto supone que la mayoría de los miembros del Constitucional, formada en este caso por los llamados magistrados conservadores y por un grupo de los progresistas, asumen la validez de las tesis del PP contra varios artículos de la ley que sacó adelante la ministra Irene Montero.

Este debate dentro del máximo órgano español de garantías se produce cuando el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dejado claro en una reciente sentencia que los términos “mujer” y “varón” se refieren únicamente al sexo biológico, excluyendo así a las mujeres trans con certificado de reconocimiento de género, según permitía la ley inglesa de igualdad de 2010. Además, existe un consenso cada vez mayor dentro de la comunidad científica sobre las consecuencias negativas de una autodeterminación del sexo sin limitaciones, lo que ha llevado a países como Noruega, Finlandia, Suecia y Reino Unido a restringir la financiación de la “reasignación de género” en menores.