Una legislatura cada día más corrosiva

El caso Álvaro García Ortiz es ya, de pleno derecho, el caso del Gobierno de Pedro Sánchez y de la erosión de las instituciones democráticas. La primera reacción de la Moncloa tras conocerse el fallo del Supremo fue pretender, sin más, pasar página nombrando a un sustituto, y seguir adelante con la legislatura como si tal cosa. Lo cierto es que el fiscal general nunca debió sentarse en el banquillo de los acusados. Eso tenía que haberlo hecho el ciudadano García Ortiz, pero no dimitió porque el Gobierno le pidió aguantar en una suicida huida hacia adelante que solo ha empeorado las cosas. Fue la estrategia política del Gobierno la que intentó beneficiar el fiscal cuando filtró información confidencial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No era la primera vez en democracia que un Ejecutivo instrumentalizaba la Fiscalía. Lo novedoso ha sido que el asunto acabara en juicio y condena, lo que debe interpretarse como signo de la madurez de las instituciones. Pero no es así como recibió ayer el fallo buena parte de la opinión pública española. Pedro Sánchez convirtió este juicio en una competición entre hinchas deportivos que jalean cada jugada del propio equipo mientras silban las del rival. La consecuencia ha sido un daño a la Fiscalía y a la imagen de la justicia de muy difícil reparación, que se suma a otros escándalos igualmente devastadores para la credibilidad de las instituciones. Por eso el PSOE debe afrontar una renovación que vuelva a situarlo como partido de Estado. Ya no es que la legislatura no dé más de sí; es que cada día que pasa se vuelve más corrosiva.