Imputado y candidato

Pedro Sánchez iba a viajar ayer a Mérida para arropar al candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Finalmente, el temporal ha aconsejado aplazar este acto, pero la cuestión no cambia. Gallardo no sólo está procesado en la causa que investiga la contratación de David Sánchez. El líder de los socialistas extremeños urdió a plena luz del día un plan para asegurarse el aforamiento. La maniobra, que implicó la dimisión de hasta cinco diputados de la Asamblea regional, fue tan burda que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura terminó declarando nulo dicho aforamiento por fraude de ley.

La tensión que esta candidatura está generando dentro del partido es enorme y demuestra hasta qué punto el proceder de Sánchez desnaturaliza los criterios que deben imperar en cualquier formación con vocación institucional. Que el beneficiario de esta contratación, supuestamente fraudulenta y con cargo al erario, sea el hermano del presidente del Gobierno, agrava la degradación a la que Sánchez está sometiendo al PSOE.

Lo más llamativo de este caso es que, lejos de ser una excepción o una anomalía, encaja perfectamente con el conjunto de escándalos que rodean al presidente. Su hermano, su esposa, el fiscal general del Estado y dos secretarios de Organización se encuentran inmersos en causas judiciales. Con este historial, la candidatura de Gallardo no deja de resultar sospechosamente coherente con la trayectoria política de Sánchez.