García Ortiz debe dimitir

La reacción del Gobierno ante el procesamiento del fiscal general del Estado agrava la crisis institucional. Varios ministros han defendido a García Ortiz y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado la decisión tomada por el juez Hurtado, quien ha conducido la instrucción del caso en el Tribunal Supremo. Bolaños, una vez más, no respeta la independencia judicial y cuestiona al juez asegurando que el procesamiento se produce sin pruebas. Bolaños, que es un jurista sobradamente formado, sabe que un auto de procesamiento no es una sentencia y que se basa en indicios racionales de delito.

El juez Hurtado sostiene en su auto que hay indicios de que el fiscal general del Estado cometió un presunto delito de revelación de secretos, en este caso el correo del abogado del novio de Ayuso. Y que, además, hay indicios de que García Ortiz borró los mensajes de su móvil que contenían información relevante y que la filtración se produjo siguiendo indicaciones del Gobierno.

Un auto de procesamiento no es una sentencia y el fiscal general del Estado goza de la presunción de inocencia. Pero hay que deslindar la situación jurídica de la política e institucional. García Ortiz ya tendría que haber dimitido tras su imputación. Sánchez lo mantiene en el cargo para evitar su propio desgaste, provocando un grave deterioro de las instituciones. Pero García Ortiz, que sigue siendo una persona libre, puede y debe dimitir.