Crisis política y de seguridad en Colombia

La violencia ha vuelto a ocupar el primer plano de la vida política y social en Colombia. Atrás quedan los acuerdos de 2016 que convirtieron el proceso de paz de esa nación en un modelo para hispanoamérica. 

Ahora Colombia atraviesa la peor crisis política y social de la última década. Cuando la sociedad aún no se había olvidado del atentado contra el precandidato Miguel Uribe, dos atentados que han causado una veintena de víctimas contradicen la insistente pretensión de Gustavo Petro de una “paz total” alejada de la realidad y marcada por una utopía ideológica que se convierte, una vez más, en la semilla de destrucción y violencia. 

Colombia, con un gobierno que se caracteriza por sembrar el conflicto y la discordia social, ha dado un paso atrás en una historia que nos enseña que no conviene que se confunda la firma de un acuerdo de paz con el final de un conflicto.

Estos atentados, atribuidos a las FARC, reflejan la realidad de una perniciosa alianza entre la guerrilla y el narcotráfico que quiere instaurar la ley del más fuerte, un Estado dentro de un Estado. Lo ocurrido en los últimos días en Colombia es un síntoma preocupante de la incapacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad de sus ciudadanos, en un momento en que la política de Gustavo Petro es deudora de una inaceptable improvisación y de una estrategia polarizadora. 

El regreso al primer plano del expresidente Álvaro Uribe añade más complejidad a una situación que puede hacer que ese país se convierta en una oportunidad frustrada. 

La tarea es fortalecer a la sociedad más allá de los experimentos ideológicos y de las formas patrimoniales de entender el poder.