Los correos de la asesora de Begoña Gómez

La esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los escasos minutos que en su día declaró ante el juez Peinado, reconoció que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, le había hecho “favores puntuales”. El Informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desmonta esa versión con los 121 correos electrónicos que les entregó el que fuera Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. En esos correos, escritos en horario laboral, se demuestra que Cristina Álvarez realizaba tareas de gestión ordinaria para los negocios de Begoña Gómez, trabajos que según los investigadores trascendían con mucho los contenidos inherentes al puesto que ocupa en Moncloa. Álvarez era, por ejemplo, la responsable de negociar la colaboración de una docena de empresas con la Cátedra de Begoña Gómez.

Esta documentación da un giro importante en un caso sobre el que la única explicación que tenemos por parte de Pedro Sánchez, y de sus ministros, es que no existe el caso. Lejos de ser una causa política montada sobre recortes de prensa, las pruebas en poder del juez Peinado colocan a Begoña Gómez al borde de un jurado por delito de malversación. Lo que se ha puesto en evidencia es que la esposa del presidente del Gobierno utilizó a una empleada pública para sus negocios personales. Eso merece de por sí merece un reproche de carácter ético y político que debe tener sus consecuencias, a la espera de lo que dicte la justicia.