Autoamnistía

Hoy se ha conocido el duro revés que la Comisión Europea ha propinado a la Ley de amnistía para los condenados por el Procés. En un texto suave en las formas, pero durísimo en el fondo, los servicios jurídicos comunitarios subrayan lo que es vox populi desde hace tiempo: que el Gobierno redactó esta Ley de amnistía para conseguir los famosos 7 votos de Puigdemont que le mantienen en el poder.

Ante la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas, la Comisión alega ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE que, en realidad, se trata de una autoamnistía, llevada adelante como parte del acuerdo para la investidura del Gobierno y recomienda que se responda en contra del criterio del Ejecutivo a la mayoría de los puntos planteados por la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas.

En román paladín, es contrario al Estado de Derecho que un Gobierno garantice la impunidad de sus socios a cambio de su apoyo parlamentario. Por si fuera poco, la Comisión Europea saca los colores al Ejecutivo al retratar con precisión cómo se ha tramitado la ley por la vía de urgencia, para esquivar así todo tipo de controles y consultas.

La paradoja es que mientras los servicios jurídicos de la UE plantean esta impugnación contundente, la mayoría de nuestro Tribunal Constitucional se apresta a convalidarla. En cualquier caso, será el Tribunal de Justicia de la UE quien tenga la última palabra.