Una ley que rompe y no construye

El anteproyecto de Ley Transgénero que el Ministerio de Igualdad quiere llevar al Consejo de Ministros en esta primera quincena de febrero se ha encontrado con el freno de la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de esta negociación. Calvo se opone, con razón, a que la mera voluntad o el solo deseo de una persona sea suficiente para el cambio de sexo sin ningún requisito de carácter médico o psicológico, incluso sin el consentimiento de los padres o tutores legales en el caso de los menores. La apuesta de Irene Montero por la autodeterminación sexual sin límites no solo es contraria al dato objetivo de la sexualidad humana, sino que acaba con el principio de seguridad jurídica, básico en el Estado de Derecho.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha señalado la contradicción que significa que quienes “rechazan el cambio de domicilio de unos contribuyentes, apoyan el cambio de sexo como derecho de autodeterminación”. Monseñor Argüello ha recordado que “cuando se deprecia el vínculo con el propio cuerpo, la familia o la nación en nombre de la autonomía, la sociedad se disuelve a favor del Poder”. La “Ley Trans” de Podemos forma parte de un proyecto ideológico que rompe cualquier vínculo con la naturaleza corporal de la persona, y merece ser sometido a una crítica racional en nuestro debate público, sin censuras y con estricto respeto a las personas. Tal como ha sido filtrada desde el entorno de Podemos, esta es una ley innecesaria que solo satisface a los intereses de determinados lobbys y no al bien general de los ciudadanos, ni al de las personas que experimentan dificultades con su identidad sexual.