Será legal, pero no es ético

El Congreso ha decidido no permitir la comparecencia de expertos acreditados en el proceso de tramitación de la Ley Trans. Ni profesionales, ni familias, ni personas que puedan dar testimonio de las consecuencias irreversibles de los procesos de transición serán escuchadas. Las razones de naturaleza científica no interesan a los diputados que han impedido estas comparecencias, y tampoco les interesan las experiencias reales de las 350 familias que en solo un año han constituido la Agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada. La Ley se aprobará por la vía de la urgencia y sin un debate serio, profundo y racional que supere el dogmatismo de quienes la impulsan.

La nueva Ley desprotege a los menores, a quienes se niega una atención médica y psicológica integral, niega la naturaleza sexuada del ser humano, criminaliza el ejercicio profesional de la salud mental y coarta seriamente la libertad de expresión. Y todo esto con el apoyo del grupo parlamentario socialista y de todo el Ejecutivo. Irene Montero y Unidas Podemos son los promotores de esta barbaridad social, pero nada podrían si el presidente Sánchez no lo permitiera. Unos y otros quieren que la Ley se apruebe antes de fin de año.

Los opositores a la Ley no piensan guardar silencio, pese a ser silenciados. Si se consigue trasladar un debate profundo a la sociedad española y se recaba un apoyo transversal, así como la movilización de instituciones sociales y académicas, colegios profesionales y familias, la Ley podría nacer herida de muerte.