Madrid - Publicado el - Actualizado
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La Fiscalía del Tribunal Supremo parece dispuesta a cerrar la investigación abierta sobre supuestas actividades fraudulentas del Rey emérito, después de dos años largos de investigación. La noticia no será del gusto de quienes durante este tiempo se han dedicado a atacar, tanto a la figura de Don Juan Carlos como a la propia Corona y, de paso, a la Constitución que consagra a España como una monarquía parlamentaria.
Ciertamente, Don Juan Carlos ha cometido errores que han supuesto un desgaste para la institución que con tanto esfuerzo él mismo contribuyó a asentar, pero eso no puede traducirse en una presunción de culpabilidad ni hacer olvidar su papel como motor de una modélica transición hacia la democracia. Lo que es decisivo para la estabilidad política y social de España es el respeto a la Constitución, y en el momento en que se confirme la decisión de la Fiscalía, Don Juan Carlos habrá dejado de ser un pretexto para atacarla.
Una nación consciente de su historia y de los desafíos que debe afrontar, sabe distinguir el grano de la paja. Es algo que tiene claro la inmensa mayoría de la sociedad española, que sostiene el valor de nuestras instituciones y reconoce el gran servicio del Rey Felipe VI a la unidad y cohesión nacional. El problema está en que parte del Gobierno rema en dirección contraria.