Reforma bajo sospecha

Uno de los grandes consensos jurídicos en el mundo occidental es el de la libertad de expresión e información como garantía de la propia democracia, como subrayaba ayer el rey Felipe VI en la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Un partido como Unidas Podemos, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su antipatía hacia la libertad de los medios de comunicación, ha iniciado ahora una carrera para reformar el Código Penal en materia de delitos relacionados con la libertad de expresión, de manera que cuestiones como el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos dejen de conllevar una pena de cárcel. El PSOE ha querido adelantarse a esta iniciativa con el anuncio de una reforma más matizada que aún está por concretar.

Está claro que la libertad de expresión debe ser siempre protegida como un bien sustancial, que no se puede confundir con la incitación al odio. Por otra parte, el Estado de Derecho debe proteger a las instituciones, como también el derecho de toda persona al honor, así como la dignidad de las víctimas del terrorismo. Es curioso que mientras se busca despenalizar ciertos delitos en nombre de la libertad de expresión, se pretenda coartar esa misma libertad en los debates sobre la ideología de género o sobre nuestra historia reciente. Cualquier reforma del Código Penal en esta materia debe llevarse a cabo con sumo cuidado y con un amplio consenso para evitar que se convierta en una nueva herramienta de lucha ideológica y que se desprotejan otros derechos fundamentales.