Persecución a la Iglesia en Nicaragua

En el conjunto de países que, en América Latina, están inmersos en sistemas autoritarios en los que la democracia representativa y la separación de poderes brillan por su ausencia, Nicaragua se está convirtiendo en la punta de lanza de la persecución contra la Iglesia Católica y contra la disidencia política. En un reciente discurso ante los nuevos cadetes de la Policía, Daniel Ortega arremetió contra los obispos y los sacerdotes nicaragüenses tildándoles de “fariseos”, “sepulcros blanqueados” y “somocistas”. Acusó además a los religiosos de apoyar a los que se manifestaron contra su Gobierno en abril de 2018, unas protestas que calificó como un intento de golpe de Estado.

Este es un argumentario que Daniel Ortega repite con demasiada frecuencia en los últimos tiempos. No hay que olvidar que el régimen de Ortega mantiene encarcelado sin garantías procesales al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Y que en los últimos meses ha expulsado a 18 misioneras de la Caridad y al Nuncio Apostólico. Según la oposición democrática, Nicaragua vive en un permanente estado de sitio con la anulación de hecho de las libertades públicas, bajo un sistema de partido único. Esta situación exige una permanente denuncia internacional y la actuación concordada de los países que defienden las libertades para apoyar a la oposición democrática, que corre el riesgo de ser literalmente asfixiada.