Línea Editorial: Mucho más que una reforma de la sedición

La proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados para reformar el delito de sedición es una grave decisión política. Implica, entre otras muchas cosas, que un Gobierno democrático va a modificar el Código Penal, utilizando al parlamento, para beneficiar a unos condenados por la justicia. Esto supone una quiebra del Estado de Derecho al conculcarse el principio básico de la igualdad de todos ante la ley.

Pedro Sánchez insiste en que la extinción de este tipo penal, que pasará a llamarse “delito de desórdenes públicos agravados”, con una pena reducida, se hace para homologarnos con algunos países europeos. De ningún modo es así. La razón de fondo es otra y no se puede ocultar: cumplir el pacto con ERC para garantizar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de facilitar el retorno de los dirigentes independentistas condenados, en particular Oriol Junqueras, a la política.

Se trata de cumplir lo que Esquerra viene reclamando: “desjudicializar” lo que sería, según ellos, un mero conflicto político en Cataluña.

Pero es necesario no olvidar la gravedad de los hechos: los beneficiados por esta reforma se alzaron contra el orden constitucional proclamando la secesión de una parte del territorio de España. La decisión de Sánchez de tramitar esta reforma por la vía exprés, para evitar los dictámenes del Consejo de Estado y del Poder Judicial, es un rasgo más de falta de escrúpulos. Si las instituciones le estorban, Sánchez las aparta.