Gestión de las ayudas europeas

Por un solo voto, el Gobierno ha logrado ayer sacar adelante el Decreto que establece los criterios con los que se van a destinar 11.000 millones de euros a las empresas, 7.000 de ellos de forma directa. Ante el empeoramiento de las previsiones macroeconómicas, el Gobierno lanza un discutible balón de oxígeno a la economía, en un momento en el que los expedientes de regulación de empleo se empiezan a disparar, se ralentiza la actividad de los autónomos y el paro comienza a generar inquietud social. Pese a que Sánchez ha ido parcheando la situación con el aplazamiento de los ERTES, los créditos ICO y las moratorias fiscales, estamos en un momento crítico.

Sobre el Decreto regulador del Gobierno, aprobado por los pelos, pesan además una serie de exigencias de la Unión Europea, como son la equidad y la transparencia en la gestión y en los criterios de concesión. Petición de Bruselas que el Gobierno no parece haber entendido, dadas las carencias que se deducen de la lectura atenta de la norma. El Decreto deja fuera de las ayudas a sectores significativos, el 60% de los autónomos no podrán acceder a esos fondos, se da una evidente marginación de una parte importante de las pequeñas y medianas empresas en Madrid y además el proceso lleva aparejada una compleja gestión burocrática. El gobierno debe abandonar ya una política económica de corto plazo y proponer un plan de recuperación económica con el acuerdo de los agentes sociales y de los principales partidos.