Línea editorial: "Desjudicializar" la vida política

Dentro de las maniobras del Gobierno de Sánchez en relación con la Justicia en España, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, denunció ayer en su dramático discurso de apertura del Año Judicial el acuerdo de la llamada "Mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, para poner fin a la “judicialización” de la vida política. Aunque es muy dudoso el alcance práctico de ese pacto, su objetivo es buscar la impunidad de los políticos condenados por su participación en el "Procés", desactivando la sentencia del Supremo que los condenó.

Sánchez dio el primer paso con su decisión de indultar a la condenados. Pero la Generalitat pretende que los jueces no intervengan en un proceso de acuerdo político sobre Cataluña que se desarrollaría al margen del marco legal, como si eso fuera posible en un Estado de Derecho. Contra ese acuerdo se alzó ayer el presidente del Supremo al denunciar el riesgo de una huída de la Ley y del principio de igualdad entre los ciudadanos. Para el presidente del órgano judicial está clara de pretensión de impunidad de determinadas personas por el simple hecho de su influencia en la vida política.

Por mucho que se trate de estirar las palabras, ese acuerdo es un brindis al sol, y el Gobierno lo sabe. Los acuerdos políticos no pueden realizarse al margen de la ley, y la garantía de eso la ofrece un poder judicial independiente. De ahí procede la obsesión de Sánchez por controlarlo