El delito de sedición como moneda de cambio

Aunque el Ejecutivo está tratando por todos los medios de desligar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de la reforma del delito de sedición, lo cierto es que ambas cuestiones están coincidiendo milimétricamente en el tiempo, y son sus propios socios de gobierno los que se encargan de recordar cuáles son los peajes que Sánchez está dispuesto a pagar. Uno de los más escandalosos es el que ha exigido Esquerra Republicana de Cataluña sobre la necesidad de reformar el Código Penal para que los protagonistas del aquelarre independentista del 1 de octubre de 2017 no se vean afectados en demasía por el delito de sedición, tal como está contemplado actualmente en la legislación española.

Parece claro que el Gobierno está preparando el terreno, aunque desde el corto plazo y el más estrecho de los tacticismos intente seguir la receta del propio Salvador Illa, cuando insiste en que no hay que mezclar libretas. El gobierno socialista sugiere que ajustará la legislación a los estándares europeos, sin saber muy bien qué quiere decir con eso, más allá de que intuimos quiénes serán los beneficiados. Al mismo tiempo, sus socios de Esquerra recuerdan cínicamente que hay que respetar los derechos humanos y renuncian a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos en curso. El gobierno instrumentaliza de nuevo a la Justicia, poniéndola al servicio de intereses de partido y, lo que es peor, desarma al Estado de Derecho frente a futuras agresiones a nuestra convivencia democrática y a nuestro sistema constitucional.